Intervinieron nuevamente OSPRERA tras fallo de la Cámara Federal
El Gobierno nacional volvió a disponer la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) luego de que la Cámara Federal revocara una decisión judicial que había restituido la conducción al secretario general de la UATRE, José Voytenco. La medida fue oficializada a través del decreto 127/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece un plazo inicial de 180 días para el proceso, con posibilidad de prórroga si no se cumplen los objetivos fijados.
Según Infobae, el nuevo interventor designado es el doctor César Augusto Lococo, quien asumirá como administrador provisorio con la obligación de normalizar el funcionamiento de la entidad. Además, el decreto faculta al Ministerio de Salud a extender el período de intervención en caso de considerarlo necesario. La decisión se produjo luego de que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenara el “inmediato restablecimiento” de la intervención, revirtiendo una resolución previa del juez federal Sebastián Casanello que había dispuesto devolver el control de la obra social a la conducción sindical.
El fallo fue adoptado por mayoría con los votos de los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah. La resolución respondió a un recurso de apelación impulsado por el dirigente Marcelo Andrada, patrocinado por el abogado Andrés Marutian, en el marco de la causa “VOYTENCO, JOSE ANTONIO s/INFRACCIÓN ART. 303”, que investiga presuntos delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito vinculados a la gestión de los fondos de salud de los trabajadores rurales.
Entre los hechos bajo análisis judicial se encuentra la adquisición de un inmueble de lujo en el partido bonaerense de Cañuelas, que habría sido financiado con recursos presuntamente desviados de la obra social. La denuncia también apunta a contrataciones consideradas irregulares con empresas prestadoras supuestamente vinculadas al entorno de Voytenco, desde donde se habrían canalizado beneficios económicos indebidos que habrían contribuido al deterioro financiero de OSPRERA. En este contexto, la Cámara ratificó la potestad de la Superintendencia de Servicios de Salud para adoptar medidas orientadas a garantizar la prestación y descartar el regreso del directorio desplazado.
Desde el Ejecutivo señalaron que la intervención es una acción temporal y proporcionada para asegurar la continuidad de la cobertura médica, considerada “un servicio de carácter esencial”. La primera intervención había sido dispuesta mediante el decreto 720/2024 por presuntas irregularidades administrativas y económicas. Tras la gestión inicial de Virginia Montero y luego de Marcelo Carlos Petroni, ahora Lococo deberá presentar informes mensuales ante la Superintendencia detallando la situación institucional y la evolución de la prestación. El objetivo, según el Gobierno, es corregir las falencias detectadas y restablecer la estabilidad de la obra social.