El sector minero insiste con la Ley de Glaciares: asegura que protege los recursos hídricos
El debate por la Ley de Glaciares volvió al centro de la agenda minera. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) insistió en la necesidad de introducir precisiones técnicas en la normativa vigente y aseguró que las modificaciones impulsadas por el oficialismo no implican un retroceso ambiental. Desde la entidad remarcaron que el objetivo es resguardar de forma efectiva los recursos hídricos estratégicos, sin generar restricciones que consideren innecesarias para la actividad productiva.
En un comunicado, la cámara empresarial reiteró su postura y afirmó: “nuestro compromiso con la protección de glaciares y ambiente periglacial que cumpla función hídrica relevante”. Según el sector, la minería en Argentina puede desarrollarse de manera responsable, promoviendo empleo y crecimiento económico sin comprometer las reservas de agua destinadas al consumo humano, la agricultura y otras actividades. De esta forma, buscan despejar críticas de organizaciones ambientalistas que advierten sobre posibles impactos en ecosistemas de alta montaña.
Uno de los principales argumentos de CAEM se centra en el uso del agua. De acuerdo con los datos difundidos, la minería representa “una fracción muy pequeña del consumo hídrico total” en las regiones donde opera. La entidad indicó que cerca del 93% del recurso se destina a la producción agrícola, mientras que las industrias utilizan el 7%, y dentro de ese porcentaje la actividad minera emplea apenas el 1%. Además, subrayaron que entre el 70% y el 90% del agua se recircula en circuitos cerrados, lo que reduce la extracción de nuevas fuentes y mejora la eficiencia operativa.
La cámara también destacó que los proyectos deben cumplir estrictos controles ambientales. “Para poder operar, cualquier proyecto minero debe presentar un informe de impacto ambiental”, recordaron en referencia a la Ley 24.585. Esos estudios se actualizan cada dos años y son auditados por autoridades provinciales, con participación de universidades, organismos técnicos y monitoreos comunitarios. A esto se suman estándares internacionales como HMS/TSM, ICMM, ISO e IRMA, que, según la entidad, agregan “capas adicionales de control y mejoran la eficiencia en el uso del agua”.
El trasfondo de la discusión es la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, que creó el inventario nacional de glaciares y estableció prohibiciones para actividades que puedan afectar estas reservas naturales. El proyecto interpretativo enviado por el Poder Ejecutivo propone limitar la protección a aquellos cuerpos de hielo con función hídrica específica, algo que el sector minero considera necesario para evitar “restricciones innecesarias sin mejorar la protección real”. Mientras continúan las negociaciones en el Congreso, la industria insiste en que definiciones más claras brindarían seguridad jurídica y permitirían planificar inversiones sin resignar el cuidado del ambiente.