2026-01-06

El Gobierno avanzó con la privatización de rutas nacionales y definió los nuevos peajes

El Gobierno nacional formalizó este martes los primeros contratos de concesión de rutas nacionales, dando inicio a la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. La medida abarca un total de 741 kilómetros correspondientes a los tramos Oriental y Conexión, e implica el traspaso de la explotación, administración y mantenimiento de corredores estratégicos a operadores privados.

A partir de este miércoles, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. quedará a cargo del Tramo Oriental, que comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. Estos caminos atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes y forman parte de un eje central para el transporte de cargas y la conexión regional.

En paralelo, el Tramo Conexión, que incluye el Puente Rosario–Victoria sobre la ruta nacional 174, será administrado por una Unión Transitoria de Empresas integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. Este corredor une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y cumple un rol clave en el acceso a puertos y polos productivos del Gran Rosario.

Desde Vialidad Nacional informaron que los nuevos valores de los peajes comenzarán a regir dentro de las próximas 48 horas. Las tarifas serán de $1000 para el puente Rosario–Victoria y de $1900 para los peajes ubicados sobre las rutas 12 y 14, en línea con el nuevo esquema de concesión.

Según destacó el Ejecutivo, esta etapa inicial involucra más de 700 kilómetros del corredor del Mercosur, una red fundamental para el comercio con Brasil y Uruguay, así como para la integración logística regional. La expectativa oficial es que la modernización y el mantenimiento privado mejoren la circulación y potencien las exportaciones.

La firma de estos contratos se inscribe en un plan más amplio que prevé concesionar más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. El objetivo, según el Gobierno, es dejar atrás un modelo “deficitario” y avanzar hacia uno “transparente, competitivo y sin subsidios directos del Tesoro”.

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