Entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal: los cambios que impactan desde hoy
Desde este viernes rige en todo el país la Ley de Inocencia Fiscal, tras su publicación en el Boletín Oficial, introduciendo modificaciones relevantes en el sistema tributario argentino. La nueva normativa redefine criterios de control, responsabilidades y sanciones, con el objetivo de simplificar procedimientos, fortalecer la seguridad jurídica y promover una relación más transparente entre los contribuyentes y el Estado. La ley fue sancionada por el Congreso el 26 de diciembre y tiene aplicación inmediata, aunque aún se aguardan reglamentaciones clave del Poder Ejecutivo y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Uno de los cambios centrales es la actualización de los montos que configuran delito penal tributario. A partir de ahora, la evasión simple se considerará delito cuando supere los $100 millones, mientras que la evasión agravada se fija desde los $1.000 millones. También se elevaron los pisos para multas y sanciones administrativas, con rangos que van desde los $6 millones hasta los $67,5 millones según el tipo de infracción. Este nuevo esquema busca focalizar la persecución penal en casos de mayor gravedad y reducir la litigiosidad en situaciones menores.
La ley incorpora además un régimen de declaración jurada simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no supere los $10.000 millones, siempre que no sean grandes contribuyentes. Quienes adhieran y acepten la declaración propuesta por ARCA obtendrán un efecto liberatorio, considerándose cumplidas las obligaciones del impuesto a las ganancias. La presunción de exactitud será favorable al contribuyente, salvo que existan discrepancias significativas, como diferencias superiores al 15%, montos mayores a $100 millones o el uso de facturación apócrifa.
No obstante, especialistas advierten que aún faltan precisiones clave. El tributarista Sebastián Domínguez explicó: “Falta la reglamentación del Poder Ejecutivo, es decir, el decreto reglamentario de la ley”, y agregó que ARCA deberá definir cómo funcionará el sistema de declaración simplificada. También señaló que las normas antilavado siguen vigentes y aclaró: “Las normas de lavado no cambiaron en nada”, por lo que los controles bancarios continuarán aplicándose de la misma manera, más allá de la adhesión al régimen tributario.
Otro punto relevante es la reducción de los plazos de prescripción para los contribuyentes cumplidores: pasan de cinco a tres años cuando se hayan presentado declaraciones en término y sin irregularidades, mientras que para los no inscriptos se mantiene el plazo de diez años. La ley también prevé la actualización automática anual de los montos a partir de 2027 y limita la denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda antes o durante el proceso. Con este nuevo marco, el Gobierno busca dotar de mayor previsibilidad al sistema fiscal y modificar de manera sustancial la operatoria cotidiana de millones de contribuyentes.