La Justicia unificó las penas de Lázaro Báez: Deberá cumplirá 15 años de cárcel

La Justicia determinó que el empresario Lázaro Báez deberá cumplir una pena única de 15 años de prisión. Así lo resolvió el juez federal Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4), al unificar las condenas firmes que el exdueño del Grupo Austral recibió por dos causas emblemáticas: la "Ruta del Dinero K" y el caso Vialidad. Ambas sentencias fueron confirmadas recientemente por la Corte Suprema de Justicia.

En un lapso de apenas dos semanas, el máximo tribunal dejó sin efecto los recursos extraordinarios que había presentado la defensa de Báez, lo que dio carácter definitivo a sus condenas. Por un lado, fue sentenciado a 10 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares en el caso conocido como la "Ruta del Dinero K". Por otro, se le impuso una pena de seis años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco del caso Vialidad, el mismo expediente que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante una audiencia realizada el viernes pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó que Báez cumpla 16 años de cárcel, mientras que la fiscalía a cargo de Abel Córdoba pidió una pena de 15 años. Por su parte, la defensa del empresario propuso que se aplicara solo la condena más grave del delito de administración fraudulenta, que prevé un máximo de 6 años. Sin embargo, el tribunal rechazó este planteo, señalando que los argumentos esgrimidos “escapan claramente al objeto y finalidad de unificación”.

Los jueces Costabel, Fernando Cañero y Ricardo Basílico evaluaron la gravedad de los delitos cometidos, teniendo en cuenta tanto el monto involucrado —más de 54 millones de dólares— como la sofisticación de los mecanismos utilizados. Se destacó el uso de estructuras societarias ficticias en paraísos fiscales, como Teegan Inc., Fromental, Tyndall, y Helvetic Services Group, para facilitar el ocultamiento de fondos. Según los magistrados, esto evidencia un alto grado de planificación y complejidad en la maniobra de lavado.

En el caso Vialidad, el tribunal consideró como agravantes la magnitud del perjuicio al Estado, estimado en más de $84.800 millones actualizados a diciembre de 2022, y la naturaleza del delito. La resolución de 11 páginas sostiene que estos elementos justifican una condena ejemplar, dada la enorme afectación al orden económico y financiero del país.