El oficialismo acelera las gestiones con el fin de conseguir los 16 votos para eliminar las PASO

El Poder Ejecutivo Nacional intensificó las gestiones políticas destinadas a suprimir las elecciones primarias, impulsado por la meta de modificar el sistema electoral argentino. Para consolidar la iniciativa, La Libertad Avanza posee 21 legisladores en la Cámara de Senadores y exige incorporar un mínimo de 16 voluntades adicionales con la misión de arribar a las 37 bancas que demanda la ley.

Las principales conversaciones parlamentarias involucran al bloque radical, el cual detenta diez escaños, y al bloque del PRO, que aporta tres bancas. La Casa Rosada conserva el optimismo luego de los encuentros desarrollados por el ministro coordinador Diego Santilli junto a trece mandatarios en Francia, donde dialogaron sobre convenios vinculados al gasto público 2027 y la transformación de los comicios.

Dentro del conjunto de jefes provinciales, las posturas se manifiestan divididas ante el proyecto oficial. El mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, prefiere conservar las PASO, al tiempo que el referente de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rechaza la cancelación de la votación. Asimismo, los parlamentarios santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto operan con autonomía frente a la administración provincial.

Para alcanzar el número requerido, el espacio oficialista analiza respaldos de Julieta Corroza de Neuquén, Guillermo Andrada de Catamarca, Flavia Royón de Salta, Edith Terenzi de Chubut, Carlos Arce y Sandra Decut de Misiones, además de Alejandra Vigo de Córdoba. La propuesta gubernamental suprime la instancia previa obligatoria para cargos nacionales y la jefatura de Estado, permitiendo que cada agrupación política determine su propio mecanismo interno.

El dictamen incorpora la Ficha Limpia para vetar postulaciones de individuos con sentencia firme en segunda instancia por delitos dolosos. Quienes aspiren a la presidencia demandarán el 0,1% de adhesiones del padrón, mientras que para el Poder Legislativo se exigirá el 0,5% regional. Por último, la medida anula el financiamiento estatal de campaña, eleva del 2% al 35% los fondos privados y conserva exclusivamente el Fondo Partidario Permanente.