Denunciaron a la jueza Pascual, quién suspendió el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires
Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la magistral y cuestionó los fundamentos de su decisión de suspender por 60 días la aplicación de la nueva normativa.
La polémica por la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo luego de que Usina de Justicia ampliara los detalles de la denuncia presentada contra la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La presentación fue impulsada por la magistrada Raquel Slotolow, integrante de la asociación civil, quien cuestionó la decisión de Pascual y sostuvo que habría incurrido en abuso de su función y usurpación funcional al determinar la suspensión de la normativa durante 60 días.
“Ningún juez está autorizado a decir si una ley es vigente o no. A lo sumo, puede expedirse por su constitucionalidad o no, cosa que la señora magistrada no hizo y se arrogó el derecho de decidir en una audiencia si esa ley está vigente o no”, afirmó Slotolow.
Desde Usina de Justicia también rechazaron el argumento de que la implementación del nuevo régimen podría generar un aumento de las internaciones y, como consecuencia, hacinamiento en los establecimientos donde permanecen alojados menores. Según planteó la organización, no existiría una lesión concreta de derechos ni un peligro inminente que justificara la medida.
En ese sentido, la entidad remarcó que la legislación contempla alternativas a la privación de la libertad, entre ellas medidas educativas, trabajos o servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y mecanismos destinados a reparar el daño provocado.
Slotolow, quien anteriormente se desempeñó como jueza en un juzgado de Campana, también cuestionó el camino elegido por Pascual ante eventuales dificultades de infraestructura. “Yo fui juez en un juzgado de Campana y de ninguna manera, si estuviera sentada en mi sillón en este momento, me hubiese hecho eco de esta resolución en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.
La exmagistrada explicó que, si un juez se encuentra ante la imposibilidad de disponer un alojamiento adecuado para un menor, debería solicitar una respuesta a las autoridades correspondientes. “Si a mí me dicen como juez que tengo que detener a un menor, tengo que tener un lugar donde alojarlo. Entonces le digo a las autoridades: ‘díganme dónde lo alojo’”, ejemplificó.
Además, Slotolow cuestionó que se haya optado por suspender una ley ante problemas de infraestructura y utilizó una comparación para graficar su postura: “No suspender una ley, porque en ese caso también deberíamos eliminar a todos los enfermos de los hospitales, porque no están en condiciones”.
La integrante de Usina de Justicia también destacó la apelación presentada por el fiscal contra la resolución de Pascual y consideró que esa medida representa un contrapeso dentro del sistema judicial. “La apelación del fiscal arroja un poco de aire fresco a la justicia. Me parece que ningún juez sensato actuaría de esa manera”, manifestó.
Mientras tanto, el conflicto tendrá una nueva instancia el 16 de septiembre, cuando se realice una audiencia en la que funcionarios de la provincia de Buenos Aires deberán informar sobre las medidas adoptadas y las acciones previstas para avanzar con la implementación del régimen.
Por otra parte, Slotolow hizo referencia a otras resoluciones de Pascual que, según afirmó, fue conociendo a partir de la polémica. Entre ellas mencionó una salida recreativa concedida a condenados por el asesinato de Uma Aguilera y otro caso en el que, de acuerdo con su relato, una pena inicialmente elevada luego fue reducida.
“Uno se va enterando de criterios, si es que se puede llamar criterios, que son por lo menos muy alarmantes para la sociedad”, sostuvo Slotolow, quien además acusó a la jueza de haber dejado de lado a las víctimas en su resolución.
“Esta señora ninguneó e ignoró en su resolución a las víctimas o a las futuras víctimas”, afirmó. Y agregó que el debate sobre el régimen suele concentrarse en los menores que cometen delitos, mientras quedan en segundo plano las personas afectadas por esos hechos.
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