El oficialismo logró sostener la sesión por la Ley de propiedad privada tras el intento del PJ de levantarla

El oficialismo llegó al recinto con un escenario condicionado tras haber tenido que ceder y eliminar el capítulo clave que habilitaba la venta de tierras rurales a inversores extranjeros, una decisión forzada por el rechazo unánime de los gobernadores y la escasez de votos propios.

El articulado central que sobrevivió a la tijera introduce modificaciones profundas en el Código Civil y Comercial. Entre sus ejes principales, la norma busca agilizar los desalojos de inmuebles usurpados, establecer nuevos límites para las expropiaciones estatales, flexibilizar la normativa sobre terrenos incendiados y facilitar la entrega de títulos de propiedad para viviendas únicas.

No obstante, el retroceso con el dominio territorial no fue el único tropiezo del Ejecutivo: previamente, la bancada libertaria también debió dar marcha atrás con los cambios previstos para la ley de barrios populares ante la fuerte resistencia de la Iglesia, que advirtió sobre el peligro de desalojos masivos.

“No podemos dejar que esta iniciativa avance. La soberanía nacional nunca estuvo tan comprometida como hoy y debemos salir a la calle a defenderla. Pretenden regalar la Argentina al mejor postor. Quieren vender provincias enteras”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. Y agregó: "No es verdad que con esta iniciativa se puedan atraer inversiones o favorecer a los productores agropecuarios. Si se aprueba una norma de esta característica, el único resultado será tierra arrasada y miseria”.

Además se movilizan hacia el Congreso de la Nación distintas seccionales y agrupaciones de SUTEBA (junto a organizaciones sindicales, estatales, de jubilados y movimientos sociales como el Sindicato de Camioneros y CTA) en rechazo al proyecto de ley de extranjerización de tierras y de inviolabilidad de la propiedad privada.