15.4ºc Amnistía Internacional en el 3J: "Frente a hechos de gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado"
En los últimos días, nuevos casos de femicidios como el de Agostina Vega volvieron a estremecer a la sociedad y a mostrar que la violencia de género no es un hecho aislado.
A once años de la primera movilización, que marcó un antes y un después en la forma de nombrar, visibilizar y exigir respuestas frente a la violencia machista, la deuda no solo persiste, sino que se profundiza.
Mujeres, niñas y personas LGBTI+ continúan expuestas a violencias que requieren respuestas estatales eficaces y sostenidas en un contexto agravado por el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas para combatir la violencia de género.
“Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado. Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas. Pero la respuesta, sigue llegando tarde. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga mal, se refuerza la impunidad. Desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas, deja a las mujeres libradas a su suerte. Garantizar una vida libre de violencia no es opcional: es una obligación”, señaló Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional advierte que, desde diciembre de 2023, las políticas públicas para prevenir y abordar la violencia de género fueron recortadas y desmanteladas.
La Línea 144 perdió especificidad, presupuesto propio y redujo un 45% su planta. El Programa Acompañar restringió su acceso al exigir denuncia judicial o policial previa, lo que puede desalentar o excluir a quienes más necesitan apoyo urgente.
También se redujo el alcance de la reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de femicidios, pese a que, en 2025, 144 perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género
En febrero de 2026, el Comité CEDAW de la ONU advirtió sobre graves retrocesos en Argentina, incluyendo cierre o degradación de instituciones clave, recortes presupuestarios en políticas de prevención de la violencia de género, debilitamiento de la ESI y desmantelamiento del Plan ENIA.
