El titular de la IGJ cruzó a Claudio Tapia: “El comunicado de AFA es patético”

La tensión entre la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el titular del organismo de control, Daniel Vítolo, respondiera con dureza a Claudio Tapia. El funcionario remarcó que la entidad madre del fútbol argentino continúa bajo la órbita nacional, ya que, según explicó, no completó los pasos legales necesarios para trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires. “El comunicado de AFA es patético”, sostuvo Vítolo, en alusión al texto difundido por Tapia, quien había calificado de “ilegítima” la veeduría solicitada y denunció una supuesta “operación política”.

El conflicto se intensificó tras el pedido de la IGJ para designar veedores con el objetivo de examinar documentación contable, financiera y contractual de la AFA. Desde la conducción encabezada por Tapia argumentaron que el organismo nacional ya no tiene competencia, debido al traslado formal de la sede a Pilar y su inscripción en la órbita bonaerense. Sin embargo, Vítolo fue categórico: “Las propias normas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia señalan que para que el cambio de jurisdicción sea efectivo debe acreditarse la ‘cancelación’ de la inscripción anterior; y la AFA no cuenta con cancelación de inscripción en la IGJ. Por ello, la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ actualmente, y la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia no tiene facultades para cancelar una inscripción en extraña jurisdicción”.

En su descargo público, Tapia apeló “al pueblo de la Nación” en defensa de la autonomía institucional y comparó la situación con antecedentes ocurridos durante la gestión de Alberto Fernández, mencionando el caso de la Fundación IEES vinculada a Patricia Bullrich. Vítolo respondió: “Es positivo que el señor Tapia reconozca que durante el gobierno de Alberto Fernández, perteneciente a su partido político, el Ministerio de Justicia y la IGJ persiguieron injustamente a Patricia Bullrich. Pero está muy mal informado sobre lo ocurrido en aquella oportunidad”. Y añadió: “La Fundación IEES fue intervenida en 2023, de un modo ilegal y arbitrario, mediante una disposición que estableció el desplazamiento de todas las autoridades de la institución, reemplazadas por una interventora designada por el ministro”.

El titular de la IGJ marcó diferencias con el escenario actual: “En este caso no se ha pedido el desplazamiento de las autoridades de AFA, ni siquiera se ha solicitado un coadministrador ni la designación de administradores sustitutos de los actuales. Solo se pide poder ver y compulsar documentación. Además, la AFA ha tenido pleno acceso a las actuaciones, es parte en las mismas y ha tomado vista de todos los expedientes. Por eso, la comparación de lo ocurrido con la solicitud de veeduría en la AFA con el caso Bullrich, además de incorrecta, es ridícula”.

Asimismo, enumeró presuntas inconsistencias: “Es de toda evidencia que la AFA ha incurrido en graves irregularidades”. Y detalló: “No explicar observaciones formuladas a sus estados contables y financieros por más de ocho años, donde se le pidieron explicaciones por cifras cercanas a los 111 millones de dólares; negarse a entregar el balance de ejercicio del año 2025 y no entregar la documentación sobre la creación de una universidad que no está habilitada ni autorizada a funcionar, anunciada como ‘existente’, incluyendo un link para que se inscriban alumnos, son claramente calificables como ‘graves irregularidades’”.

Vítolo también cuestionó la veracidad del domicilio informado en Pilar y fue tajante: “Que la mudanza al predio de Pilar del año 2024 ha sido y es falsa ya ha sido probado suficientemente por constancias de ARCA, inspecciones de IGJ y hasta por medios periodísticos que visitaron el lugar”. Incluso ironizó sobre la numeración declarada y apuntó contra las autoridades provinciales, mencionando al gobernador Axel Kicillof. Además, rechazó que la veeduría implique una intervención: “La veeduría no es una sanción —como errónea y maliciosamente lo califica la AFA— ni afecta en nada al funcionamiento de la institución”. La disputa podría escalar al plano judicial si la AFA mantiene su postura, mientras la IGJ insiste en que conserva la competencia para fiscalizar a la entidad que rige el fútbol argentino.