Chiqui Tapia desafía a la IGJ y rechazó la veeduría: “La AFA no será sometida”

La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Inspección General de Justicia escaló tras el pedido formal del organismo de control para que el Ministerio de Justicia designe veedores en la entidad que preside Claudio Fabián Tapia. El objetivo de la IGJ es acceder a documentación contable y financiera que, según sostiene, no fue entregada pese a reiterados requerimientos. Frente a esa decisión, la AFA difundió un extenso comunicado firmado por su titular, en el que cuestiona con dureza la medida.

En el documento oficial, la conducción del fútbol argentino rechaza la legalidad del procedimiento y sostiene: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”. La resolución fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, quien mencionó la existencia de “graves irregularidades”, entre ellas balances supuestamente no presentados y movimientos millonarios de origen y destino desconocido.

Desde la casa madre del fútbol argumentaron que la propia IGJ incurre en una contradicción. “La pregunta es obligada: Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en “graves irregularidades”? Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. Dice que “no es una sanción”. Entonces, ¿de qué “gravedad” estamos hablando?“, señalaron en el apartado titulado “contradicción insoslayable". Además, aseguraron que los balances de los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados y que se encuentran en trámite administrativo, mientras que el correspondiente a 2025 no fue remitido a la IGJ por el cambio de domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires.

En relación con la sede de Pilar, cuestionada por el organismo nacional, la AFA afirmó: “La IGJ insiste en que la sede de Pilar es “falsa” porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente“. Asimismo, la entidad vinculó la medida con un supuesto trasfondo político vinculado al debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y a la disputa institucional entre Nación y Provincia.

En el cierre del comunicado, Tapia anunció que recurrirán a la Justicia para frenar la veeduría y dejó un mensaje directo al inspector general: “Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de “graves irregularidades” si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial". La AFA remarcó que defenderá su autonomía “por todas las vías judiciales y democráticas” y aseguró que “El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende”.