Policías de Santa Fe en disponibilidad: persisten los sumarios y causas penales mientras continúa la protesta
Aunque el Gobierno provincial anunció que levantará las sanciones, la situación judicial y administrativa de los involucrados aún no está resuelta.
El conflicto policial en Santa Fe suma nuevos capítulos tras el pase a disponibilidad de varios efectivos que participaron de las protestas por mejoras salariales y laborales. Según explicó la abogada Nahir Moreno, representante de quince agentes, hasta el momento son 20 los cargos alcanzados por la medida disciplinaria. Aunque el Gobierno provincial anunció que levantará las sanciones, la situación judicial y administrativa de los involucrados aún no está resuelta.
La letrada advirtió que la reversión del pase a disponibilidad no implica el cierre del problema de fondo. “La situación de los policías con el pase a disponibilidad que se revierte significa que vuelven a prestar servicio con normalidad. La cuestión de fondo, que es el sumario administrativo que acarrea una sanción disciplinaria y la causa penal que se les ha iniciado, continúa”. De esta manera, los agentes pueden reincorporarse, pero siguen bajo investigación, según reportó Infobae.
El sumario interno podría limitar ascensos y afectar la carrera dentro de la fuerza, mientras que la causa penal es tramitada por el Ministerio Público de la Acusación. En caso de imputaciones formales, los policías podrían ser nuevamente apartados del servicio, explicó Moreno en declaraciones a Todo Noticias (TN). Este escenario mantiene la incertidumbre entre los uniformados y sus familias, que reclaman garantías y definiciones claras.
En paralelo, la protesta sigue activa en Rosario, donde efectivos permanecen concentrados frente a la Jefatura de la Unidad Regional. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que la operatividad se sostuvo y anunció medidas para normalizar el servicio, pero el malestar persiste. La tensión escaló en los últimos días, con episodios de enfrentamientos y reclamos más visibles en el espacio público.
El origen del conflicto está vinculado a la política salarial vigente y a las condiciones laborales. Aunque el Ejecutivo ofreció un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para personal con desarraigo, los manifestantes consideran insuficientes las propuestas. También denuncian jornadas extensas, falta de descanso, necesidad de realizar horas extra y problemas de salud mental, un tema que cobró relevancia tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”. Las demandas apuntan a mejoras integrales que garanticen mejores ingresos, horarios razonables y acompañamiento psicológico.

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