El Gobierno acelera el debate de la Ley Penal Juvenil y espera tener media sanción la próxima semana

El Gobierno nacional avanza a paso firme en la reforma de la Ley Penal Juvenil y ya fijó un cronograma en la Cámara de Diputados para obtener dictamen de comisión y llevar el proyecto al recinto la próxima semana. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la incorporación de un apartado presupuestario para garantizar su implementación. Con el respaldo de bloques aliados, el Ejecutivo confía en alcanzar la media sanción en los próximos días.

Durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se pidió a los bloques que definan a sus representantes para integrar las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, y Relaciones Exteriores y Mercosur, según reportó Infobae. El primer tema de la agenda será la reforma del régimen penal juvenil. Aunque sectores de la oposición reclamaron que el Ejecutivo envíe el texto con anticipación, desde el oficialismo señalaron que el proyecto “aparecerá” el mismo día del plenario, cuando un diputado libertario lo presente formalmente para sumarlo a las iniciativas ya existentes.

La estrategia de La Libertad Avanza es retomar el borrador que el año pasado había conseguido dictamen, pero perdió estado parlamentario. Ese documento proponía originalmente fijar la imputabilidad en 13 años, aunque el consenso con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica llevó el piso a 14. “Vamos a ir por los 14 años ese es el consenso al que se llegó el año pasado con los aliados”, repiten desde el bloque oficialista. También se mantendrá el tope de 15 años de prisión efectiva para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, reduciendo el máximo que antes era de 20.

En términos legislativos, el oficialismo cree tener los números para avanzar. En la comisión de Presupuesto cuenta con 20 de los 49 miembros y, sumando aliados, alcanza una base suficiente para lograr la mitad más uno de las firmas necesarias. El plan es dictaminar el miércoles 11 y debatir la iniciativa en el recinto el jueves 12 de febrero. Además, tras los reclamos de los gobernadores, se incorporará una cláusula de financiamiento. Según explicaron, Nación habilitará convenios para que las provincias cubran el costo adicional que implique el nuevo sistema, atendiendo así el impacto fiscal de su aplicación.

El nuevo Régimen Penal Juvenil prevé que la privación de la libertad sea el último recurso y prioriza sanciones alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento, monitoreo electrónico o reparación del daño. También contempla la creación de institutos especializados para menores, con acceso obligatorio a educación, atención médica y tratamiento de adicciones, y personal capacitado en infancia y adolescencia, sin convivencia con adultos. A esto se suman programas educativos, asistencia psicológica y medidas de reinserción social, además de intervenciones específicas ante problemas de salud mental o consumo de sustancias. Con este esquema, el Gobierno busca combinar endurecimiento penal con herramientas de contención y rehabilitación.