Condicionada por la reforma laboral, la Ley de Glaciares quedó en pausa y suma presión de las provincias

El Gobierno nacional resolvió postergar el debate parlamentario de la nueva Ley de Glaciares en medio de las negociaciones por la reforma laboral, que concentra hoy el foco de la agenda legislativa. La iniciativa, que introduce cambios clave en la regulación ambiental y ampliaría el margen de acción para la industria minera, no fue incorporada al temario de la sesión prevista para la próxima semana.

La decisión quedó formalizada cuando la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, solicitó la convocatoria a sesión ante la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, limitando el orden del día exclusivamente al proyecto de modernización del sistema de trabajo. De ese modo, la reforma de la Ley de Glaciares quedó fuera del debate inmediato, pese a que había sido anticipada para este período.

Desde algunas provincias interpretan la postergación como una señal de debilidad política. En contrapartida, en el oficialismo rechazan esa lectura y sostienen que la demora responde únicamente a una cuestión de tiempos parlamentarios.

Según explican en el Ejecutivo, el tratamiento del proyecto ambiental sigue previsto para febrero y no se descarta que pueda sumarse al temario incluso el mismo día de la sesión, antes del inicio del debate. Mientras tanto, la mesa política libertaria volvió a reunirse en Casa Rosada para evaluar el escenario en el Congreso y definir la estrategia legislativa, con la reforma laboral como prioridad absoluta.

En paralelo, las tensiones con las provincias se profundizan. Varios gobernadores reclaman compensaciones por la eventual caída de recursos vinculada a la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, incluida en la reforma laboral. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó gestiones para evitar una postura unificada de los mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones y transmitir garantías políticas al oficialismo.

La Ley de Glaciares, en tanto, cuenta con el respaldo de las provincias integradas en la Mesa del Litio, Catamarca, Jujuy y Salta, y de los distritos cupríferos como Mendoza y San Juan. El proyecto propone redefinir conceptos centrales de la norma vigente y otorgar mayor control a las provincias sobre los recursos naturales.