Causa AFA: la PSA secuestró registros de vuelos clave para determinar quiénes viajaron a la mansión de Pilar

La investigación judicial que busca esclarecer el vínculo entre la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una lujosa propiedad en Pilar sumó este lunes un nuevo avance. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) concluyó un procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, donde retiró documentación clave de la empresa aeronáutica Flyzar, vinculada a los vuelos que aterrizaron en la mansión bajo investigación.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó el secuestro de órdenes de vuelo y registros de pasajeros. El material será remitido al juzgado para ser analizado en detalle, ya que podría resultar determinante para corroborar o refutar la versión brindada previamente por los pilotos de las aeronaves.

Según fuentes judiciales, la entrega de la documentación se realizó bajo un estricto hermetismo. Desde la empresa optaron por presentar los registros en un “sobre cerrado” y justificaron la decisión al señalar: “No queremos que se filtre información”, en alusión al perfil público de algunos de los clientes y al alto impacto mediático del expediente.

El objetivo central del juez es confrontar estos datos oficiales con las declaraciones testimoniales de los comandantes de los helicópteros, quienes afirmaron no conocer al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. En su momento, los pilotos sostuvieron que los frecuentes aterrizajes en la propiedad de Villa Rosa respondían únicamente a “vuelos de entrenamiento”.

Esa explicación generó dudas en el ámbito judicial, especialmente por los elevados costos operativos que implica movilizar aeronaves de ese tipo sin pasajeros. Además, la normativa aeronáutica establece que los responsables de los hangares y helipuertos privados deben llevar un control preciso de quiénes suben y bajan de cada vuelo, lo que refuerza el valor probatorio de los registros ahora incautados.

La pesquisa también apunta a esclarecer la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos utilizados para su adquisición. Aunque la propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., los investigadores detectaron fuertes inconsistencias patrimoniales y sospechan que los titulares formales podrían actuar como prestanombres. En ese marco, la documentación obtenida en San Fernando podría cerrar el círculo sobre los movimientos societarios y financieros que rodean a la causa.