La Iglesia cuestionó que la baja de la edad de imputabilidad sea la única respuesta ante delitos de menores

La Conferencia Episcopal Argentina se pronunció en contra de que la reducción de la edad de imputabilidad penal sea presentada como la única solución frente a los delitos cometidos por menores. En un contexto de fuerte debate político y social, la Iglesia advirtió sobre los riesgos de centrar la discusión exclusivamente en el castigo y reclamó políticas públicas enfocadas en la prevención, la educación y la inclusión de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

A través de un comunicado titulado “Más oportunidades que penas”, firmado por los integrantes de la Comisión Ejecutiva, la entidad expresó su cercanía con las víctimas de la inseguridad, pero subrayó que el problema requiere una mirada más amplia. Según el documento, enfocar el debate únicamente en la edad penal puede dejar de lado factores estructurales como la contención familiar, el acceso a la escuela y el acompañamiento comunitario, claves para evitar que los jóvenes caigan en circuitos delictivos.

El texto retoma interrogantes planteados por la Pastoral Social en marzo de 2025, entre ellos: “¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?” y “¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?”. Además, la Conferencia Episcopal reafirmó que es “imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”. Como referencia, evocaron la figura de san Juan Bosco y el modelo salesiano basado en la cercanía de los adultos, el trabajo, la formación y la vida en comunidad como herramientas de transformación.

El pronunciamiento fue rubricado por Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general. Los obispos insistieron en que la prevención del delito juvenil requiere un Estado presente, políticas educativas sólidas y redes comunitarias activas que ofrezcan oportunidades reales de desarrollo.

Mientras tanto, el Gobierno nacional impulsa en el Congreso un proyecto para fijar en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, con penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, y alternativas a la cárcel para infracciones menores, como tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño. La iniciativa contempla institutos especiales para adolescentes, acceso a educación y salud, y la prohibición de convivencia con presos adultos. Sin embargo, la postura de la Iglesia suma un nuevo actor al debate y refuerza el reclamo por soluciones integrales que vayan más allá del endurecimiento de las penas.