Reforma laboral: La Libertad Avanza negocia con bloques dialoguistas en el Senado

Con la reforma laboral como prioridad central, el oficialismo acelera las negociaciones en el Senado para garantizar su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, convocó a los presidentes de los espacios dialoguistas con el objetivo de acercar posiciones y sumar los votos necesarios. El encuentro reúne a representantes de los 44 senadores no kirchneristas y también incluirá en la agenda la discusión por la Ley de Glaciares, en un contexto de intensas tratativas parlamentarias.

La estrategia del Gobierno de Javier Milei apunta a que el proyecto llegue al recinto a mediados de febrero, con fecha tentativa el 12, y se convierta en una de las primeras reformas estructurales del año, acorde a lo informado por TN. Desde el oficialismo aseguran que el clima de diálogo es constructivo, aunque evitan detallar públicamente las modificaciones que podrían introducirse para conseguir consenso. El objetivo es consolidar apoyos de sectores provinciales y bloques moderados que resultan clave para alcanzar la mayoría.

Entre los asistentes figuran senadores patagónicos alineados con gobernadores, como Edith Terenzi y Julieta Corroza, quienes impulsan la Ley de Emergencia Ígnea tras los incendios forestales en el sur del país. Esta iniciativa podría funcionar como moneda de cambio en las negociaciones. En paralelo, el Ejecutivo también presiona para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad y la nueva Ley Penal Juvenil, otro tema que busca instalar en la agenda legislativa durante el verano.

La reforma laboral forma parte de un paquete más amplio de transformaciones económicas y fiscales. Según fuentes oficiales, el plan contempla encadenar los cambios laborales con una posterior reducción de impuestos. “No hay una sin otra. La idea es que la baja de impuestos sea escalonada”, sostienen desde la Casa Rosada. Mientras el Senado debatirá empleo y ambiente, la Cámara de Diputados podría tratar el régimen penal juvenil junto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

El punto más sensible del debate penal sigue siendo la edad mínima de imputabilidad. El texto oficial propone fijarla en 13 años, aunque existen diferencias internas y con la oposición: algunos sectores plantean un límite inferior y otros prefieren negociar un piso de 14 para asegurar respaldo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, incluso afirmó que “debería ser de 12 años“. Con estas discusiones en marcha, el Gobierno apuesta a construir consensos y llegar a febrero con los números necesarios para avanzar en su ambicioso programa de reformas.