ARCA denunció nuevamente a la AFA por presuntas facturas falsas y una salida de fondos sin respaldo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez, presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades vinculadas a movimientos de dinero sin respaldo documental y al uso de facturación apócrifa. La presentación judicial se apoya en informes técnicos surgidos de una fiscalización realizada sobre operaciones de la entidad entre 2023 y 2025.

Según el organismo, el análisis detectó pagos a proveedores que no contaban con capacidad económica real para prestar los servicios facturados. En varios casos, se trataba de empresas incluidas en registros oficiales de contribuyentes no confiables, lo que encendió alertas sobre la posible existencia de un esquema destinado a encubrir el destino final de los fondos.

El eje central de la acusación se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, contemplada en la Ley de Impuesto a las Ganancias. ARCA sostiene que la sola emisión de facturas no alcanza para justificar la deducción de gastos si no se demuestra la efectiva prestación del servicio, su razonabilidad económica y la estructura real del proveedor.

Como resultado de la fiscalización, el organismo dictó resoluciones administrativas que determinaron ajustes en Ganancias e IVA. La AFA fue notificada y rechazó las liquidaciones, lo que derivó en la apertura de un procedimiento determinativo de oficio y en la ampliación de la investigación a nuevas operaciones y períodos fiscales.

La estimación preliminar del perjuicio fiscal supera los 375 millones de pesos, sin contemplar intereses ni eventuales sanciones. El monto incluye ajustes correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, y podría incrementarse a medida que avance el análisis de documentación y movimientos financieros adicionales.

El expediente tramita actualmente en la Justicia federal y se encuentra en etapa de instrucción. Si bien aún no hay imputaciones penales formales, desde el ámbito judicial señalan que los elementos reunidos podrían configurar un delito penal tributario. La causa permanece abierta y no se descarta que se amplíe a otros proveedores o circuitos financieros bajo sospecha.