El Gobierno intervino el Puerto de Ushuaia por desvío de fondos 

El Gobierno nacional dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia por un período de 12 meses tras detectar presuntas irregularidades en la administración y desvíos de fondos públicos. La medida fue ejecutada a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que asumió el control de la terminal marítima fueguina, actualmente bajo la órbita del gobernador Gustavo Melella. Según fuentes oficiales, parte de los recursos del puerto habrían sido utilizados para financiar gastos de la administración provincial, en contravención a la normativa vigente.

La decisión quedó formalizada este martes mediante la Resolución 4/2026, firmada por el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor. Desde el Gobierno explicaron que la intervención se resolvió “como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación de las empresas navieras que allí operan”. El organismo nacional remarcó que las observaciones surgieron tras reiteradas auditorías y reclamos internos.

Uno de los puntos más críticos señalados por la ANPyN es el incumplimiento de la Ley de Puertos, que prohíbe destinar fondos portuarios a fines ajenos a su mantenimiento y desarrollo. “Se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados”, afirmaron desde el entorno de Arreseygor. Además, las inspecciones detectaron serias deficiencias en la infraestructura, como pilotes faltantes, defensas deterioradas y ausencia de registros claros sobre ingresos y egresos, tareas que habrían sido tercerizadas a una empresa sin antecedentes en gestión portuaria.

El trasfondo político también agrega tensión al conflicto. El gobernador Melella integra el grupo de mandatarios provinciales kirchneristas con los que la Casa Rosada mantiene un vínculo distante, lo que refuerza la lectura de un avance institucional sobre la provincia. Desde la gestión fueguina rechazaron la intervención: Roberto Murcia, titular de la Dirección Provincial de Puertos, sostuvo que “la resolución emitida por la autoridad nacional presenta una contradicción insostenible y evidencia un claro intento de forzar una intervención administrativa sin sustento”. En la misma línea, Melella afirmó que no comparte “ni la medida ni sus fundamentos” y aseguró que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”.

Más allá de la disputa política, en Nación destacan el valor estratégico de los puertos fueguinos por su cercanía con la Antártida y su rol clave en el turismo de cruceros y el tráfico marítimo internacional. El Gobierno aclaró que la intervención responde exclusivamente a cuestiones administrativas y financieras. “Se verificó la existencia de un desbalance entre préstamos otorgados y baja inversión en infraestructura, lo que podría comprometer la disponibilidad futura de recursos para atender las obras necesarias, afectando la capacidad operativa y la sostenibilidad del puerto”, señalan los considerandos oficiales. Mientras dure la medida, la ANPyN gestionará la terminal con apoyo de la Prefectura Naval Argentina, aunque el personal local continuará a cargo de las operaciones diarias.