Reforma laboral: el Senado profundiza el debate y la CGT toma distancia
La comisión técnica del Senado puso en marcha el análisis de la reforma laboral, con audiencias previstas con cámaras empresariales.
El Senado puso en marcha una instancia técnica para profundizar el análisis de la reforma laboral, con el objetivo de evaluar posibles modificaciones antes de que el proyecto llegue al recinto. La comisión recibirá propuestas hasta el 26 de enero, mientras que el debate parlamentario formal está previsto para comenzar a partir del 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias.
En ese contexto, este martes comenzaron las audiencias con cámaras empresariales, convocadas para acercar sugerencias y observaciones sobre el texto oficial. Desde el oficialismo remarcan que la intención es escuchar planteos y ajustar aspectos puntuales, sin alterar el espíritu general de la iniciativa, orientada a introducir cambios en el régimen laboral vigente.
La novedad política llegó desde la CGT, que resolvió no participar de manera presencial en esta primera etapa y enviar sus objeciones por escrito a la comisión. La decisión fue interpretada como una señal de cautela y distancia frente al proceso, aunque sin romper los canales de diálogo con el Gobierno y los legisladores.
Desde el Ejecutivo ratificaron su disposición a negociar. En ese sentido, Patricia Bullrich sostuvo que “ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio y no sobre el status quo”, dejando en claro que el oficialismo busca consensos, pero sin retroceder en los ejes centrales de la reforma.
En paralelo, la central obrera desplegó una estrategia política complementaria, que incluye contactos con gobernadores y referentes provinciales para intentar frenar o modificar el proyecto en el Senado. El movimiento sindical mantiene sus reparos sobre puntos sensibles como el derecho de huelga, la negociación colectiva y las condiciones de contratación.
El debate legislativo se da en un clima de tensión creciente, con advertencias de posibles movilizaciones cuando el proyecto llegue al recinto y con cuestionamientos también desde algunos sectores empresarios, que alertan sobre eventuales conflictos y riesgos jurídicos si no se introducen cambios. 
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