El Gobierno envió al Congreso el DNU que reformó la SIDE y busca blindar su vigencia

El Gobierno nacional dio un paso clave para sostener el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, que introdujo cambios profundos en la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y modificó la Ley de Inteligencia. El texto, firmado por el presidente Javier Milei y todo su Gabinete, ingresó formalmente al Congreso: este jueves fue presentado en el Senado y el día anterior había hecho lo propio en la Cámara de Diputados. Con este movimiento, el Poder Ejecutivo intenta garantizar la continuidad de la reforma impulsada por decreto.

A partir del ingreso parlamentario, comienza a correr el plazo legal para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo analice el DNU. Sin embargo, como ese cuerpo aún no está conformado, recién a partir del 29 de enero ambas Cámaras podrían debatir la validez del decreto en el recinto. La normativa vigente establece que un DNU solo puede ser derogado si es rechazado por mayoría simple tanto en Diputados como en el Senado, un escenario que el oficialismo busca evitar concentrando su estrategia en una sola Cámara.

La reforma impulsada por el Ejecutivo apunta a reordenar la estructura del sistema de inteligencia, mediante la creación de nuevas agencias, la eliminación de áreas superpuestas y la unificación de funciones para mejorar el intercambio de información. Entre los cambios más relevantes, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que quedará limitada a tareas de contrainteligencia, y se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca modernizar el esquema vigente y optimizar recursos.

Según explicaron fuentes oficiales, el DNU no altera la conducción actual de la SIDE, que continuará encabezada por Cristian Auguadra, con Diego Kravetz como segundo. En el texto oficial se afirma que la reforma “permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, y que los cambios se alinean “a los más altos estándares democráticos y republicanos”. No obstante, desde sectores opositores anticiparon pedidos de informes y cuestionaron tanto el contenido como la vía elegida para avanzar con una reforma considerada sensible.

Entre los puntos más criticados se encuentra la habilitación para que personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones en casos puntuales y la falta de un contexto claro de “necesidad y urgencia”. Mientras la oposición presiona para conformar las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, desde el oficialismo dejaron trascender que buscarán dilatar su integración durante el receso parlamentario. Así, el debate de fondo podría estirarse hasta marzo, con gobernadores y el radicalismo como actores clave para definir el futuro del decreto.

 

 

 

 

 

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