Inocencia Fiscal: las claves del cambio penal tributario aprobado junto al Presupuesto 2026

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal tras la sanción del Presupuesto 2026, lo que significó un doble triunfo legislativo para el Gobierno al cierre del año y el inicio del nuevo período parlamentario. La iniciativa fue aprobada con 43 votos afirmativos provenientes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y aliados provinciales, mientras que el interbloque peronista, liderado por José Mayans, reunió 26 votos en contra. La norma apunta a modificar el esquema penal tributario vigente y a incentivar la incorporación al sistema formal de los llamados “dólares bajo el colchón”.

La ley introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El proyecto había sido impulsado en una etapa anterior del actual gobierno por José Luis Espert, con la idea de otorgar previsibilidad jurídica a quienes utilicen ahorros no declarados. El objetivo central es reducir la litigiosidad penal y descomprimir el fuero tributario mediante nuevas reglas y umbrales actualizados.

Uno de los ejes principales es la actualización de los montos que configuran delito penal. La evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada se eleva de $15 millones a $1.000 millones. A su vez, se reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción para que la agencia de recaudación pueda reclamar impuestos omitidos o iniciar acciones penales, un cambio que busca dar mayor certidumbre a los contribuyentes.

El régimen simplificado apunta a facilitar el cumplimiento del Impuesto a las Ganancias y promover la formalización sin que la información patrimonial sea utilizada como herramienta de persecución futura. En ese marco, ARCA no realizará denuncias penales si el contribuyente cancela su deuda antes de que se inicie una causa. Como contrapartida a la flexibilización de controles, se incrementan las sanciones económicas: la multa por no declarar sube de $200.000 a $220.000, y en el caso de sociedades pasa de $220.000 a $440.000.

Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una actualización necesaria frente al impacto de la inflación. El senador Juan Carlos Pagotto sostuvo que “no pretende ser una ley ad eternum” y explicó que “es una cuestión que la inflación nos provocó un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico de asimetrías que destruye la economía y deja desactualizados los umbrales poniendo como clientes del sistema Penal Tributario a casi todos los contribuyentes”.

Desde la oposición, Martín Soria fue crítico y recordó que “el propio ministro de Economía de Milei, Toto Caputo, la semana pasada salió a aclarar en sus redes sociales que había inconsistencias en el texto aprobado en Diputados y que por eso se iba a tratar de enderezar con la reglamentación correspondiente”, y agregó: “Lo que salió de Diputados es un mamarracho, porque el proyecto del Ejecutivo da vergüenza ajena”.

La “Ley de inocencia fiscal” probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica.

Dios bendiga a la República Argentina.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) December 27, 2025