La Justicia absolvió a Capitanich, Aníbal Fernández y Segura en la causa Fútbol para Todos

El extenso proceso judicial por el manejo de fondos del programa Fútbol para Todos sumó un giro decisivo este viernes, cuando el Tribunal Oral Federal 1 resolvió dejar sin efecto la acusación fiscal y absolver a todos los imputados. La decisión benefició a figuras del ámbito político y deportivo, entre ellos Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto y el expresidente de la AFA, Luis Segura, en una causa que llevaba más de diez años en movimiento.

Los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico concluyeron que la fiscalía no había presentado un requerimiento válido para sostener las imputaciones. El tribunal remarcó las graves falencias del planteo acusatorio y declaró que la exposición de los fiscales Miguel Osorio y María Andrea Garmendia Orueta “carecía de fundamentos sólidos”, además de no ofrecer un examen claro de las pruebas recolectadas ni atribuir responsabilidades concretas a cada acusado.

La resolución también incluyó el rechazo al pedido de decomiso de $456 millones y ordenó devolver los bienes embargados a los eximputados. Según explicaron en la lectura del fallo, “el tribunal se vio imposibilitado de evaluar las conclusiones de la fiscalía”, lo que terminó derivando en la absolución completa de los involucrados. La comunicación oficial se realizó vía Zoom y fue unánime.

Además de los exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la absolución alcanzó a integrantes de la AFA como Miguel Ángel Silva y Rubén Manuel Raposo, así como a empresarios y representantes de cooperativas vinculados a la operatoria financiera investigada. Algunos de los acusados originales, como Rafael Savino y José Lemme, ya habían fallecido durante el trámite judicial.

Los fundamentos escritos del fallo se conocerán recién el 11 de marzo de 2026, fecha clave en la que se abrirá la posibilidad para que el Ministerio Público Fiscal presente una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal deberá definir si avala la nulidad planteada por el TOF 1 o si ordena rehacer la acusación y continuar con el proceso.

La causa tuvo su origen en 2014, a partir de una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña, quien señalaba irregularidades en el programa estatal destinado a transmitir de forma gratuita los partidos de primera división. A lo largo del expediente se investigaron presuntos desvíos de fondos, el uso de cheques que terminaban en financieras y contratos cuestionados que, según el fiscal Osorio, habrían generado un perjuicio para el Estado estimado en más de 131 millones de pesos.