16.4ºc Caso YPF: Argentina se resiste a entregar datos privados y va a una nueva apelación
El Ejecutivo argentino se niega a presentar datos de Caputo y Massa en el litigio con fondos buitre y anticipa una nueva apelación ante la Justicia estadounidense.
El Gobierno decidió avanzar con una nueva apelación y no entregará mensajes de Luis Caputo ni de Sergio Massa, en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos. La medida se da en respuesta a la orden de la jueza Loretta Preska, quien pidió información de funcionarios y exfuncionarios, además de datos sensibles sobre activos nacionales.
La Procuración del Tesoro ratificará su rechazo durante la audiencia prevista para este martes con la magistrada y los fondos litigantes. En paralelo, se analizan caminos legales para evitar cumplir con el pedido judicial, como solicitar una suspensión inmediata o llevar el caso directamente a la Corte de Apelaciones.
Desde Casa Rosada afirman que “de ninguna manera” entregarán información privada de integrantes de la actual gestión ni de administraciones anteriores. Argumentan que la jueza Preska se excedió en sus atribuciones al exigir el acceso a documentos confidenciales y al señalar activos argentinos susceptibles de embargo.
El equipo jurídico del oficialismo busca evitar sanciones por desacato, aunque reconocen que, si persisten los requerimientos “inaceptables”, podrían exponerse a penalidades económicas. La directiva presidencial es agotar todas las instancias judiciales posibles, incluyendo un eventual recurso ante la Corte Suprema estadounidense.
Los fondos beneficiados con un fallo de US$16.100 millones a su favor presionan para demostrar que la Argentina y YPF actúan como una unidad, con el fin de acceder a activos para ejecutar el cobro. En tanto, el Gobierno insiste en que no negociará con los demandantes y aguarda que la Corte de Apelaciones defina si acepta suspender la transferencia de acciones mientras se analiza la apelación general.
La semana del 27 de octubre se realizarán las audiencias clave en la Cámara de Apelaciones, una vez pasadas las elecciones legislativas. Además, la administración Trump se sumó como amicus curiae en apoyo a la estrategia argentina.
