El Gobierno acelera recortes y despidos para llegar a la meta fiscal autoimpuesta
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, está calculando los nuevos recortes que deberán implementar los demás ministerios.
El Gobierno nacional avanza con un mayor recorte del gasto público para cumplir con una ambiciosa meta fiscal del 1,6% del PBI en 2025, superior a la establecida con el FMI (1,3%). La medida fue impulsada por el presidente Javier Milei en la última reunión de Gabinete, donde instruyó a los ministros a reducir aún más los recursos asignados a sus carteras. Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, ya trabaja en los detalles técnicos para redistribuir los ajustes.
Desde su asunción, Milei puso el foco en el achique del Estado, en especial en la reducción de personal. Según datos del Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, se eliminaron cerca de 48.000 empleos públicos, lo que equivale a un recorte del 9,6% de la planta estatal y un ahorro proyectado de casi US$1900 millones anuales.
El plan de ajuste se enmarca dentro de un acuerdo más amplio con el FMI, firmado en abril, que incluye privatizaciones y la eliminación de fondos fiduciarios. La estrategia fiscal se refuerza en vísperas de la llegada de una misión técnica del organismo internacional que realizará la primera auditoría del programa económico del gobierno.
En mayo, el Estado registró un superávit primario de $1,69 billones, equivalente al 0,2% del PBI, y un superávit financiero de $662 mil millones. Según Caputo, el acumulado del año muestra un 0,8% del PBI en superávit primario, lo que indica que el Gobierno deberá duplicar ese resultado en lo que resta del año para alcanzar la meta de 2025.
Consultoras como Outlier y LCG prevén que el ajuste deberá continuar, con foco en subsidios y áreas con ineficiencias. La reducción de ingresos por baja de impuestos obligará a compensar con más recortes, principalmente en el gasto operativo. Además, advierten que tras las elecciones de octubre podrían ser necesarias reformas estructurales en jubilaciones, obra pública y programas sociales para sostener el ancla fiscal.
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