La Fiscalía pidió juzgar en ausencia a los acusados del atentado a la AMIA

La Fiscalía que investiga el atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, solicitó al juez federal Daniel Rafecas que se avance con el juicio en ausencia contra los diez acusados por la planificación del ataque, quienes cuentan con pedidos de captura internacional pero jamás se presentaron ante la Justicia argentina. El pedido se basa en la reciente entrada en vigor de la ley que habilita esta modalidad para casos de delitos graves.

La presentación fue realizada por el fiscal Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal AMIA, quien argumentó que todos los imputados están al tanto del proceso en su contra y fueron declarados en rebeldía, pero nunca respondieron a los requerimientos judiciales. “Se han emitido pedidos de captura y extradición sin resultados. Por lo tanto, están dadas las condiciones para aplicar esta herramienta legal”, sostuvo en el escrito.

Entre los acusados figuran altos exfuncionarios y diplomáticos iraníes como Alí Fallahijan, Mohsen Rezai, Alí Akbar Velayati y Ahmad Vahidi, todos con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006. Sin embargo, la falta de colaboración de Irán, que no extradita a sus ciudadanos, sumada a la escasa efectividad de las alertas durante sus viajes internacionales, ha impedido cualquier avance en sus detenciones.

La ley 27.784, que habilita el juicio en ausencia, fue aprobada por el Senado a fines de febrero y publicada en el Boletín Oficial a comienzos de abril. Introduce modificaciones clave al Código Procesal Penal y permite juzgar en territorio argentino a personas acusadas de delitos como terrorismo o crímenes de lesa humanidad, aun cuando no estén presentes en el país.

El caso AMIA ha sido citado por el propio gobierno como un ejemplo paradigmático para la aplicación de esta ley. El ataque a la mutual judía dejó 85 muertos y más de 150 heridos, y fue declarado crimen de lesa humanidad, lo que habilita su encuadre bajo el Estatuto de Roma. La iniciativa de activar esta nueva herramienta legal surgió también por impulso de familiares de las víctimas, que reclaman justicia tras más de tres décadas de impunidad.