Facundo Manes denunció a Santiago Caputo por amenazas y solicitó protección judicial

El diputado nacional Facundo Manes presentó una denuncia penal contra Santiago Caputo, asesor presidencial, por el delito de “amenazas coactivas”. Según el legislador, Caputo lo habría increpado de manera “sorpresiva y violenta” el pasado sábado en el Congreso Nacional, durante la apertura de las sesiones ordinarias. En su presentación, Manes también solicitó medidas de protección para él y su familia.

La denuncia fue radicada a través del sistema judicial digital y quedó bajo la jurisdicción del juzgado que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti. Además, el diputado solicitó ser aceptado como querellante en la causa, lo que le permitiría impulsar la investigación, acceder a las pruebas y apelar posibles decisiones judiciales. Su entorno considera que el hecho reviste gravedad debido al contexto institucional en el que ocurrió.

Desde el gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó la denuncia y cuestionó su motivación. “Es lamentable que se use a la Justicia para el show”, expresó esta mañana en conferencia de prensa. Además, se refirió a Manes como “el diputado kirchnerista Facundo Manes”, a pesar de que el legislador forma parte del bloque Democracia para Siempre, un desprendimiento de la Unión Cívica Radical.

En su denuncia, Manes remarcó que el episodio en el Congreso trascendió lo político y sostuvo que la actitud de Caputo y su entorno constituyó una amenaza agravada. “Más allá de la repercusión periodística del asunto, porque involucró a un diputado nacional en el marco del discurso presidencial, aquí el punto es establecer la delictuosidad del comportamiento de Santiago Caputo y del resto de las personas que lo acompañaban”, señala el documento presentado ante la Justicia.

Santiago Caputo es un asesor clave del presidente Javier Milei y parte del círculo más cercano del mandatario, conocido como el “triángulo de hierro” del oficialismo. Según Manes, su rol no se limita a la comunicación digital, sino que tiene “injerencia en una cantidad de actividades y organismos del Estado”, lo que, según su denuncia, le otorga un poder significativo dentro de la administración nacional.

El caso ahora queda en manos de la Justicia, que deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar en una investigación formal. Mientras tanto, el episodio profundiza la tensión entre el oficialismo y sectores opositores, en un contexto de fuerte confrontación política dentro y fuera del congreso.

Así había relatado Manes lo sucedido el pasado sábado en el Congreso:

 

 

 

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