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30/04/2018

Suba de tarifas: los gobernadores están molestos y dan luz verde para que se trate el proyecto de ley

Suba de tarifas: los gobernadores están molestos y dan luz verde para que se trate el proyecto de ley

Los gobernadores de la oposición podrían significarle un nuevo dolor de cabeza a Cambiemos y su política tarifaria. El motivo de la pelea es por la decisión del gobierno de trasladar el costo fiscal de no subir las tarifas a las provincias y negarse a revisar su esquema original de aumentos.En consecuencia, los gobernadores del Partido Justicialista van a impulsar en el congreso el debate de la ley que proponen distintos sectores del peronismo, que incluye retrotraer las tarifas a diciembre de 2017, que el aumento de tarifas sea de acuerdo al índice de aumento salarial y al de precios mayoristas y una baja al 10,5% del IVA para los usuarios.Estos proyectos fueron tratados dos veces en la Cámara de Diputados: en la primera oportunidad, la oposición no consiguió quórum por la falta de un diputado. La segunda vez sí tuvo la mayoría necesaria para empezar el debate, pero no pudieron aprobar ninguno de las iniciativas porque el oficialismo bajó en tropel al recinto y votó en contra de todas las propuestas, además de que se necesitaba una mayoría especial porque faltaban dictámenes de una comisión.Sin embargo, este miércoles se reunirá la comisión de Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen, por lo que el proyecto de ley tendrá luz verde para tratarse en Diputados y poder ser aprobado con mayoría simple. Y los gobernadores peronistas impulsarán para que eso suceda.Esto se debe a que el gobierno se niega a hacer cambios a su esquema de aumentos. Después de que Cambiemos se reuniera con los radicales decidieron que los aumentos de los bimestres mayo-junio y julio-agosto se puedan pagar en cuotas y que no se aplique la tarifa social.Pero eso le cuesta plata al Estado. Y Cambiemos quiere que los gobernadores lo paguen. Ese es el origen del enojo de las provincias. En consecuencia, quieren que esos proyectos se traten y que, en última instancia, sea el presidente el que aplique su poder de veto a la ley. De esta manera, sostienen que el costo político recaerá en Mauricio Macri.

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