#EditorialHi: Se alcanzó el consenso fiscal, por María Belén Aramburu

Todo pacto se buscará bajo consenso, fue el mensaje que el presidente Mauricio Macri lanzó a propios y ajenos para cerrar algunos acuerdos, entre los cuales se encuentra el fiscal con las provincias. Algunos hasta consideraron este consenso como "histórico". Un dato que puede parecer de forma pero es de fondo. En lugar de "pacto" se denomina "consenso" fiscal. Y está firmado por 23 provincias de los 24 distritos. Se negoció con cada una de ellas, como si fueran acuerdos bilaterales. Cada distrito tiene, convengamos, distintas necesidades, debiendo responder de acuerdo con ellas. Y se resaltan diferencias políticas que acercan o alejan más a cada uno de los gobernadores del gobierno nacional. Por poner un ejemplo, Juan Manuel Urtubey, con visitas a Salta mediante, se convirtió hasta en el vocero de una tendencia que finalmente se convirtió en acuerdo entre la mayoría. Como señalé en el artículo de la semana pasada, adelantando detalles de lo que traería aparejado quedar afuera del pacto y por ende del sistema, se contemplaba, para la falta de adhesión, poner en vigencia el pacto fiscal de 1993 con la consiguiente reducción de ingresos brutos, mayor a la acordada además de dejar de percibir recursos del Fondo Solidario de la soja. Esto le competerá solamente a San Luis. Salvo que decida incorporarse. "Todavía puede sumarse" aclaró ante la consulta el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.Se pidió a los gobernadores retirar los reclamos de la justicia. En este sentido, el más fuerte, pese a la sintonía ideológica y política con el gobierno nacional, la más sólida si se quiere además de la del distrito de la ciudad de Buenos Aires, es el de María Eugenia Vidal. El Fondo del Conurbano llegó como tema a resolverse a la Corte. Y quedó afuera de decisiones de magistrados eliminándolo y pasando el 10% del impuesto a las Ganancias a la masa de dinero coparticipable. Se terminó compensando a la provincia con $20.000 millones para obras de infraestructura, con la ley de presupuesto sancionada $40.000 millones para el 2018 y $65.000 millones para el 2019. Otras provincias serán compensadas con bonos a cobrar en 10 años. Fue el propio presidente Macri quien se ocupó de resaltar el "acuerdo fiscal" alcanzado, el compromiso de "sancionar la ley de responsabilidad fiscal" y otro para "recibir inversiones y obras". Siempre y cuando se bajen impuestos. Cuando se hace referencia a la reducción de impuestos debe interpretarse que se trata de la modificación de las alícuotas de los ingresos brutos y sellos de tal modo que queden eliminados en el 2022. Un gran interrogante consiste en qué comportamiento tendrán los legisladores en el Congreso Nacional cuando se discuta la reforma previsional, para la cual también se buscó consenso entre los gobernadores. Desde ya es un tema muy sensible. Se trata la actualización de haberes de jubilados y pensionados, hasta ahora actualizados dos veces al año, en marzo y septiembre, por un índice que contempla, entre otras variables económicas, los recursos provenientes de impuestos del sistema previsional y el del salario promedio entre otros. El propuesto por el gobierno nacional garantizaría aumentos por encima del indice inflacionario, sin especificar qué significa ubicarlo por encima y el monto. Algunos habían puesto en consideración integrar el crecimiento económico, o sea, incorporar el crecimiento del PBI. Lo que se logró fue modificar la posición original adoptada por el gobierno nacional pero sin especificaciones a futuro. Para el gobierno será un problema menos en el Congreso con otro de sus proyectos. Y el logro de una recaudación de $100.000 millones que irán a las arcas provinciales. Otro tema pendiente serán los cambios en la Administración Pública con una reducción de 20.000 empleados prevista por el Ministerio de Modernización. Otro tema sensible con los gremios estatales, cuyas voces ya se están escuchando a favor de la convocatoria de un paro nacional, al margen del acuerdo de la CGT. El acuerdo con la CGT con la consecuente eliminación de algunas modificaciones a la ley de contrato de trabajo, fijando pautas para la reforma laboral será un capítulo aparte en el consenso logrado sólo con algunos gremios para discutir sus puntos en sesiones legislativas con la nueva composición de representantes parlamentarios. La lectura del gobierno nacional es que los acuerdos se van consensuando y van avanzando. Para otros, como algunos gremios, constituye un retroceso en los derechos de los trabajadores. Por María Belén Aramburu