#EditorialHI: "El gobierno acata pero va por los aumentos", por María Belén Aramburu

No era lo que el gobierno esperaba. Pero ante la incertidumbre aparece una definición. Desde antes de la feria judicial y ante el recurso extraordinario que el gobierno había presentado ante el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata había una expectativa acerca de una definición de fondo sobre el aumento de las tarifas de gas. Y sólo hago referencia a estos aumentos teniendo en cuenta que los de la luz van a tener el mismo recorrido que no ha llegado aún. El máximo tribunal que debía analizar varios temas en relación con el cuadro tarifario actualizado, pidió al gobierno que justifique dicho aumento y requirió de la Procuradora General de la Nación, un dictamen. Si bien éste no es vinculante, Alejandra Gils Carbó, quien está enfrentada al gobierno nacional, se pronunció en contra de los aumentos pidiendo a la Corte que confirme el fallo de la Cámara Federal de La Plata. El fundamento se basa, principalmente, en la ausencia de audiencias públicas para establecer aumentos en las tarifas, que es el mismo argumento que llevó a fallar en este sentido a la Cámara. Si bien se puede recurrir a una ley u otra para establecer si se deben realizar audiencias públicas, el gobierno, presionado por todos los sectores, había adelantado audiencias fijadas para octubre que, comprendiendo los aumentos tanto del gas como los de la luz, decidió suspender, esperando una definición de la Corte que al final le resultó contraria a sus intereses. Y aclaró que es potestad del Ejecutivo fijar estos aumentos en el precio del gas en boca de pozo, constituyendo éste el 60% del total de la factura. Este concepto fue reiterado por el Ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren cuando se presentó esta semana ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para justificar, una vez más, el aumento, con la notoria ausencia del ex Ministro de Planificación Julio de Vido, titular de la Comisión de Energía, quien eligió explicar su postura vía red social. Llegado el turno de la Corte Suprema, ésta, por unanimidad de sus 4 integrantes, ratifica el fallo de la Cámara Federal de La Plata anulando el aumento sólo para los usuarios residenciales, aclarando que "las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan", recordando a los tribunales "el riguroso cumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre los procesos colectivos". Y aparece la audiencia pública previa al aumento, como de cumplimiento obligatorio.El fallo ratifica la vigencia de la tarifa social y deja los aumentos para empresas, comercios y pymes, con el tope que el gobierno fijó para éstos, del 500%. ¿Qué hace el gobierno ante el fallo? Lo acata, ordena a las empresas prestadoras del servicio a refacturar y emitir nuevas boletas con el cuadro anterior a los aumentos y mañana publicará, a través del Boletín Oficial, la convocatoria a audiencias públicas "en el término más breve posible". Y además, aclara que los usuarios residenciales sólo consumen el 26% del gas natural. Para que no queden dudas que tiene un impacto fiscal que no será tan arduo de afrontar. ¿Qué hacen los usuarios? No pagan los aumentos, esperan la nueva boleta que emitirá y enviará la empresa de este servicio y, si ya pagaron el aumento, recibirán una nota de crédito por la diferencia y una nueva factura de acuerdo al fallo. ¿Cuáles serán los próximos pasos del gobierno? Además de dar cumplimiento al fallo, insistirá en los aumentos. Aranguren había expresado que sería grave un fallo en contra del cuadro tarifario actual. Y el fallo finalmente llegó. Marcos Peña aclaró en varias oportunidades que tarde o temprano hay que aumentar las tarifas. Y hoy, nuevamente, dejó en claro que no hay ningún sector que no reconozca que había un problema que resolver en materia energética en el país. No era lo que el gobierno esperaba. Por eso acata el fallo pero va por los aumentos. La historia continúa...por María Belén Aramburu