La Corte Suprema ordenó que las prepagas vuelvan a pedir autorización al Gobierno para aumentar sus cuotas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían permitido a las empresas de medicina prepaga establecer libremente los aumentos de sus cuotas sin autorización estatal.
Con esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar previamente las modificaciones tarifarias que pretendan aplicar las compañías de medicina privada.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes confirmaron parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata. Se trata de la primera vez que el máximo tribunal declara inconstitucional una parte del decreto de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
El reclamo que llegó a la Corte Suprema
La causa se inició a partir de una presentación judicial de una afiliada de Swiss Medical, que cuestionó los incrementos aplicados a su cobertura médica entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
Durante ese período, su cuota pasó de $136.161,21 a $301.218,02, lo que representó un aumento del 110%. La mujer sostuvo que, de haberse mantenido vigente la regulación anterior, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.
El reclamo llegó a la Corte después de que la Cámara Federal de La Plata fallara a favor de la afiliada. Tanto la empresa de medicina prepaga como el Estado nacional presentaron recursos contra esa resolución.
Qué cambia para los afiliados a las prepagas
A partir del pronunciamiento, las compañías deberán volver a justificar los aumentos de sus cuotas ante la autoridad de aplicación.
La Superintendencia de Servicios de Salud tendrá que evaluar que las modificaciones estén respaldadas por variaciones en la estructura de costos y cálculos actuariales razonables sobre los riesgos de cobertura.
Sin embargo, la Corte aclaró un punto importante: la decisión no establece que los aumentos deban ajustarse automáticamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En ese sentido, los magistrados revocaron el tramo de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que imponía ese mecanismo como límite. Por lo tanto, no habrá un tope automático vinculado a la inflación, sino que los incrementos deberán someterse nuevamente a los criterios de revisión y autorización previstos por la legislación.
Por qué la Corte declaró inconstitucional parte del DNU 70/2023
Uno de los argumentos centrales del fallo fue que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran eliminar los controles estatales mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Los jueces recordaron que la Constitución Nacional habilita el uso de los DNU únicamente bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad, cuando resulta imposible seguir el procedimiento legislativo habitual o existe una urgencia que no permite esperar los tiempos del Congreso.
Para el máximo tribunal, la invocación de una crisis en el sistema de salud y de la necesidad de aumentar la competitividad no alcanzaba para justificar la eliminación de las facultades de fiscalización estatal.
La resolución también remarcó que la conveniencia del Poder Ejecutivo no constituye, por sí sola, un argumento suficiente para recurrir a un mecanismo excepcional.
Finalmente, la Corte aclaró que su pronunciamiento se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y que no implica un cuestionamiento al resto de las disposiciones del decreto.