La Justicia española admitió la querella contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales
La Audiencia Nacional de España admitió a trámite la querella presentada contra Julio Iglesias por dos antiguas trabajadoras, que lo denunciaron por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. La decisión fue tomada por el juez Antonio Piña, quien consideró que existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal.
En el marco del procedimiento, el magistrado citó a las dos denunciantes para que presten declaración presencial el próximo 3 de febrero de 2027. La resolución representa un avance judicial en una causa que involucra al reconocido cantante español y que se originó a partir de hechos que habrían ocurrido en 2021.
Según la presentación judicial, las mujeres trabajaron en las propiedades que Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas. Allí, de acuerdo con sus testimonios, habrían sufrido agresiones sexuales en un contexto de control e intimidación. Las denunciantes sostienen que los episodios ocurrieron mientras se desempeñaban laboralmente en las mansiones del artista.
Para fundamentar la apertura de la investigación, Piña consideró que los testimonios de las dos mujeres constituyen un principio de prueba suficiente. Además, la querella incluye documentación y una fotografía aportada por una de las denunciantes.
En esa imagen se observa un hematoma en uno de sus brazos y dos marcas en uno de sus muslos que, según la presentación, podrían corresponder a mordeduras. Las mujeres sostienen que esas lesiones estarían relacionadas con los episodios denunciados.
Sin embargo, el magistrado aclaró que la admisión de la querella no implica un pronunciamiento sobre la credibilidad de los testimonios ni significa que los delitos estén probados. Se trata del inicio de una instancia judicial destinada a investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades.
La resolución también estableció límites a la denuncia. El juez rechazó investigar a Iglesias por los presuntos delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, que también habían sido incluidos en la querella.
En cuanto a las acusaciones por lesiones y trato degradante, el magistrado dispuso que se investiguen los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, debido a los plazos de prescripción, salvo aquellos que pudieran estar vinculados con una dinámica de delitos contra la libertad sexual que no hayan prescrito.
La decisión se conoció después de varios meses de actuaciones judiciales y de una revisión de la competencia de los tribunales españoles para intervenir en hechos que presuntamente ocurrieron fuera del país. Ahora, la declaración de las dos exempleadas será uno de los próximos pasos del expediente.