La Corte Suprema frenó una decisión judicial que dejó a una adolescente con discapacidad sin educación inclusiva
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó el derecho a la educación inclusiva de una adolescente con discapacidad que había quedado fuera del sistema escolar en Entre Ríos. En un fallo del 12 de noviembre, el máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia provincial que había rechazado un amparo presentado por su madre y ordenó que se dicte una nueva resolución.
El conflicto comenzó cuando la mujer recurrió a la Justicia para garantizar la continuidad de la trayectoria educativa de su hija mediante un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), adaptado a sus necesidades. En primera instancia, el reclamo había sido aceptado y se había ordenado al Consejo General de Educación elaborar el proyecto en un plazo de 20 días. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano revocó esa decisión al considerar que existía un procedimiento administrativo en trámite.
Al analizar el caso, los jueces de la Corte consideraron que el tribunal provincial había incurrido en un exceso ritual manifiesto, al priorizar cuestiones procesales sin evaluar adecuadamente la situación de la adolescente. Además, remarcaron que la existencia de un expediente administrativo no impide automáticamente recurrir a un amparo cuando están comprometidos derechos constitucionales que requieren una respuesta urgente.
Uno de los puntos centrales de la controversia fue la propuesta educativa ofrecida por las autoridades provinciales, que contemplaba la incorporación de la adolescente a una escuela especial o la posibilidad de cursar únicamente cuatro materias: Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología. La madre rechazó esas alternativas por considerar que no garantizaban una educación inclusiva integral ni respondían a las necesidades particulares de su hija.
En su voto, Ricardo Lorenzetti destacó que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, especialmente relevante cuando involucra a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. También sostuvo que no puede quedar reducido a una declaración formal, sino que debe traducirse en medidas concretas que permitan su ejercicio efectivo.
La resolución de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hizo lugar a la queja, declaró admisible el recurso extraordinario y anuló la sentencia apelada. Las actuaciones volverán a la Justicia provincial para que dicte un nuevo pronunciamiento, en línea con los criterios establecidos por el máximo tribunal, que volvió a señalar que los formalismos no pueden convertirse en obstáculos para garantizar derechos fundamentales.