Malvinas: el Gobierno prepara medidas cautelares ante el Tribunal Internacional para frenar el avance petrolero

La administración encabezada por Javier Milei inició una presentación jurídica en Alemania frente a las autoridades de Gran Bretaña invocando la CONVEMAR, con la finalidad primordial de detener los proyectos de exploración hidrocarburífera en la plataforma oceánica austral.

Según consignó el diario Clarín, la avanzada diplomática apunta a neutralizar las operaciones unilaterales previstas para 2028 por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper, entidades que vienen sufriendo una severa desestabilización financiera y un desplome bursátil debido a las embestidas normativas impulsadas desde la Casa Rosada durante las últimas semanas.

La estrategia se activó tras el plazo otorgado el 28 de septiembre, fecha en la que el canciller Pablo Quirno despachó una notificación diplomática que emplazó a los insulares y a la administración británica a frenar la extracción de recursos no renovables. Aquella comunicación formal marcó el comienzo de un arbitraje sustentado en las pautas marítimas aprobadas por las Naciones Unidas para preservar áreas en disputa.

El fuero convocado guarda un recuerdo histórico relevante para la opinión pública nacional, dado que en 2012 ordenó el levantamiento del embargo de la Fragata Libertad retenida en Ghana por reclamos de acreedores financieros. Aunque la magistratura con sede en Hamburgo carece de atribuciones para dirimir la titularidad soberana del archipiélago reclamado desde 1833, sus dictámenes resultan de cumplimiento obligatorio para las naciones firmantes.

El cuerpo de 21 magistrados examinará exclusivamente si un Estado puede explotar bienes no renovables de forma unilateral dentro de un área litigiosa. En este escenario, la representación nacional estará asegurada por una abogada local, mientras que la parte inglesa deberá designar un jurista ad hoc para balancear las discusiones en el estrado.