Malvinas: el Gobierno rechazó la guía británica y anticipó más sanciones
El Gobierno argentino rechazó la guía difundida por el Reino Unido para respaldar a empresas, proveedores e inversores que desarrollan actividades en las Islas Malvinas y anticipó que profundizará las sanciones contra quienes operen sin autorización argentina.
La Cancillería cuestionó que Londres desconozca la jurisdicción argentina y remarcó que las normas nacionales continuarán aplicándose. En ese sentido, sostuvo que la legislación argentina se aplicará “con todo su rigor” frente a las actividades que considere no autorizadas.
El documento británico sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que trabajan en el archipiélago y ofrece respaldo ante eventuales sanciones o reclamos argentinos. Frente a esto, el Gobierno ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó la Cancillería, al cuestionar la iniciativa impulsada por Londres.
En paralelo, el Gobierno informó el alcance de las medidas que ya fueron implementadas. Según la Cancillería, se enviaron cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 paísesrelacionadas con actividades en las islas.
Además, existen 60 procedimientos administrativos en curso y la Sindicatura General de la Nación presentó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y a sus directivos. El Ejecutivo anticipó que el esquema podría ampliarse a medida que sean identificados nuevos actores vinculados con esas operaciones.
Uno de los principales focos de la disputa es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería volvió a cuestionar las licencias otorgadas para la explotación de hidrocarburos y mencionó específicamente a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
En ese marco, el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles formalmente sus objeciones. Según informó la Cancillería, durante esos encuentros también se cuestionaron las licencias, los incentivos y la contratación de proveedores vinculados con Sea Lion.
La administración de Javier Milei también puso el foco en las empresas que participan de las cadenas comerciales y financieras desde terceros países. La estrategia contempla a contratistas, financistas, aseguradoras, proveedores e inversores que tengan activos o intereses fuera de las islas.
La Cancillería sostuvo además que las actividades hidrocarburíferas impulsadas desde Malvinas generan “efectos futuros potencialmente irreversibles” y comprometen recursos naturales que la Argentina considera propios.
A pesar del nuevo cruce con Londres, el Gobierno reiteró que mantiene su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para discutir la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.