La Justicia suspendió la baja de la edad de imputabilidad en la Provincia
La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En su decisión, la magistrada aclaró que por el momento no evaluó si la nueva normativa es compatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales vinculados con los derechos de niños y adolescentes. El análisis se concentró en las posibles consecuencias de ponerla en funcionamiento de manera inmediata.
Uno de los principales argumentos del fallo está relacionado con la capacidad del sistema penal juvenil. Según Pascual, la modificación podría generar un incremento significativo de adolescentes detenidos, debido a la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años y a los cambios establecidos para las detenciones y las prisiones preventivas.
La jueza también advirtió que la Provincia no tendría actualmente la infraestructura, los recursos institucionales ni la cantidad suficiente de profesionales para afrontar ese eventual aumento de detenidos sin afectar sus derechos.
Como antecedente, la magistrada recordó que ya había establecido un límite de 60 adolescentes alojados en un centro socioeducativo de Lomas de Zamora debido a las deficiencias detectadas en las condiciones de alojamiento.
Otro de los puntos centrales de la resolución fue el riesgo de hacinamiento. En ese sentido, Pascual sostuvo: “hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”. Para la jueza, las condiciones de encierro pueden tener consecuencias sobre los jóvenes y dificultar los objetivos de reinserción del sistema.
El fallo también se apoyó en el principio precautorio aplicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de citar normas de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing y de La Habana.
La suspensión tendrá una vigencia de 60 días. Durante ese período, el tribunal convocó para el 16 de septiembre a funcionarios bonaerenses a una audiencia en la que deberán informar qué medidas fueron adoptadas y cuáles están previstas para garantizar las condiciones necesarias para implementar el nuevo régimen.