La Justicia admitió a Quintela y Tolosa Paz como querellantes por los fondos viales
La Justicia Federal admitió como querellantes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz en la causa CFP 3960/2026, que investiga el manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiado mediante el impuesto a los combustibles y destinado a la construcción, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales. La decisión les permitirá intervenir activamente en el expediente, aportar documentación y solicitar medidas de prueba.
Quintela cuestionó el destino de esos fondos y reclamó explicaciones al Gobierno nacional. “Los recursos que se cobran para mantener las rutas no pueden utilizarse para sostener el ajuste ni para mostrar un equilibrio fiscal construido sobre el abandono de las provincias. Ese dinero tiene una finalidad específica y el Gobierno nacional debe explicar dónde está y qué hizo con él”, sostuvo.
Según la documentación incorporada a la causa, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 el SISVIAL recaudó aproximadamente $1,5 billones, pero solo $394.406 millones habrían sido destinados a infraestructura vial. La denuncia plantea una subejecución del 73,8% y señala que más de un billón de pesos habría permanecido colocado en títulos públicos y plazos fijos. La legalidad de esas operaciones y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
El planteo de La Rioja también reclama por la paralización de obras consideradas estratégicas para la provincia. Entre ellas se encuentran la pavimentación del Paso Internacional de Pircas Negras sobre la Ruta Nacional 76, la nueva Ruta Nacional 73 entre La Rioja y Chilecito y el túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75, en Los Sauces, todas con niveles de avance superiores al 64% al momento de su interrupción. La Provincia también advirtió sobre el deterioro de otras rutas nacionales y señaló que debió afrontar con recursos propios tareas de mantenimiento que corresponden al Estado nacional.
“Son obras fundamentales para la seguridad, la producción, el turismo y la integración de La Rioja con el resto del país y con Chile. Paralizarlas significa desperdiciar lo que ya se invirtió y cerrar oportunidades de desarrollo”, afirmó Quintela. Además, remarcó que el impacto no se limita a la infraestructura: “Hablamos de vidas que se ponen en riesgo, de productores que necesitan sacar su producción, de trabajadores, del turismo y de una provincia que necesita infraestructura para crecer e integrarse”.
La presentación provincial fue realizada por Quintela junto al fiscal de Estado, Segundo Emilio Rodríguez, y el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Roque Ibarra, con el patrocinio jurídico de Jorge Yoma. Con su incorporación como querellantes, la Provincia buscará que avance la investigación sobre el destino de los fondos y que se reactiven las obras paralizadas. “Queremos que se determine qué ocurrió con los fondos, que los recursos vuelvan a las rutas, que las obras se reactiven y que el Estado nacional cumpla con sus responsabilidades”, concluyó el gobernador.