Quintela firmó un DNU para proteger a las familias riojanas frente al endeudamiento y la usura
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 1293/2026, mediante el cual se crea un régimen provincial de protección para las personas usuarias de créditos de consumo. La iniciativa busca establecer nuevas herramientas frente al avance del sobreendeudamiento y las situaciones de abuso que atraviesan las familias al momento de recurrir a préstamos para afrontar gastos cotidianos.
La medida contempla mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos, mecanismos de registro y fiscalización y nuevas instancias de conciliación para abordar situaciones de endeudamiento que se hayan vuelto difíciles de sostener. El objetivo es reforzar la intervención del Estado provincial y garantizar condiciones más transparentes en las relaciones de consumo.
En ese marco, el DNU declara por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada a las operaciones de crédito para consumo. Además, dispone medidas transitorias destinadas a facilitar la revisión y refinanciación de obligaciones, con el propósito de evitar consecuencias económicas y sociales irreparables para los hogares riojanos.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la medida no busca desconocer las deudas ni afectar la actividad financiera legítima, sino intervenir ante situaciones de abuso, falta de transparencia o condiciones desproporcionadas que puedan comprometer los ingresos de las familias.
“La necesidad de una familia no puede convertirse en una oportunidad para el abuso”, es uno de los principios que orienta la decisión adoptada por el Ejecutivo provincial. En ese sentido, se plantea que cuando una persona debe recurrir a un préstamo para cubrir alimentos, medicamentos, servicios u otras necesidades básicas, el Estado debe garantizar reglas claras y condiciones que protejan sus derechos.
Con este DNU, la gestión de Quintela busca profundizar una política de protección de las familias riojanas frente al endeudamiento y fortalecer la presencia del Estado ante las consecuencias sociales de la crisis económica. La iniciativa pone el foco en el cuidado de los ingresos, la dignidad de las personas y el acceso a relaciones de consumo justas y transparentes.