Denunció a su ex suegro por abusar de sus hijas y ahora lucha para que la Justicia no las obligue a volver a Bariloche
El 4 de junio de 2025, en horas de la madrugada, Verónica Aldazabal escapó de San Carlos de Bariloche junto a sus dos hijas de 11 y 7 años para protegerlas de una orden judicial que obligaba a revincularlas con su abuelo paterno, Mario Campi, a quien la madre había denunciado por abuso sexual infantil.
Según detalló el portal Infobae, la pesadilla comenzó cuando la menor de las niñas tenía 4 años y le reveló a su madre los vejámenes a los que la sometía su abuelo. Tras una primera acusación penal archivada de forma exprés en suelo rionegrino, la causa se reabrió en 2025 luego de que la pequeña le suplicara ayuda a su docente de música en el Colegio Piaget, lo que motivó la intervención de oficio de la institución.
Sin embargo, el proceso derivó en una grave irregularidad durante la pericia oficial. En plena sesión de Cámara Gesell, la niña descubrió que el acusado se encontraba detrás del cristal, lo que le provocó un ataque de pánico y la imposibilidad de declarar. Frente a ese escenario, la Fiscalía N° 4 de Bariloche resolvió librar de culpa y cargo al sospechoso, a pesar de las severas fallas metodológicas advertidas por especialistas en Psicología Forense.
Ante el fallo condenatorio contra las víctimas, el padre de las menores obtuvo una resolución firmada por la jueza Cecilia Wiesztort para impedir que la progenitora saliera de la provincia. “Hice lo que hubiese hecho cualquier mamá”, afirmó Verónica Aldazabal para argumentar la decisión de marcharse sin siquiera apagar las luces de su casa. De esta manera, la mujer cruzó hacia territorio bonaerense para resguardar la integridad física y mental de sus hijas. A su vez, la Dra. Wiesztort quiere hacer volver a las niñas por la fuerza sin escuchar su voz como impone la Convención internacional de los derechos del niño.
Instalada en la localidad de San Isidro, la denunciante radicó la presentación penal correspondiente para dar con la contención que le negaron en el sur del país. “La nena entra en pánico, empieza a llorar y dice que no se acordaba de nada, que se quiere ir de ahí”, disparó Aldazabal al recordar la fallida prueba psicológica. Por este motivo, la mujer sospecha de la influencia política ejercida por la abuela paterna de las menores, la exintendenta de Dina Huapi, Mónica Balseiro, para encubrir al presunto agresor.
Durante los abordajes psicológicos realizados en Buenos Aires, las dos niñas lograron romper el silencio y detallar los episodios de violencia física, exhibicionismo y grabaciones que sufrían. Los informes médicos confirmaron que la niña mayor padece trastorno de estrés postraumático, maltrato psicológico y evidencias compatibles con abusos que comenzaron cuando tenía solo 7 años.
Actualmente, el caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Isidro, a cargo de Rodrigo Fernando Caro, mientras la definición de fondo descansa en la Suprema Corte Bonaerense. Las autoridades provinciales dispusieron medidas cautelares urgentes y habilitaron nuevas instancias de Cámara Gesell para que la voz de las menores sea tenida en cuenta por la Justicia.