Diputados dio dictamen a Inocencia Fiscal II: qué cambios incorporó el proyecto

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable para el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, luego de que el oficialismo incorporara una exclusión explícita para los funcionarios públicos.

Esta iniciativa legislativa, conducida de forma conjunta por los diputados Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, introduce modificaciones de fondo a la Ley N° 27.799, la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley del Registro del Trabajo Rural. Gracias a estas concesiones de última hora, La Libertad Avanza destrabó las firmas de los bloques parlamentarios aliados, dejando el texto listo para su debate en el recinto el próximo 26 de agosto, sesión en la que también se prevé tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El principal motor político de este cambio legal fue la polémica generada en torno al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti. Se dio a conocer que la pareja declaró poseer miles de dólares previamente no registrados y se adhirió al régimen simplificado de Ganancias, en momentos en que enfrentaban una investigación de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Para consolidar el dictamen, se agregaron dos artículos destinados a normar la exclusión de los agentes estatales. El primero define que los funcionarios con cargos jerárquicos no inferiores a secretario de Estado, legisladores nacionales y locales, jueces, fiscales, defensores del pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura que hayan ejercido en los últimos cinco años quedan completamente vedados de acceder a la norma. El segundo aclara que estos funcionarios solo podrán usar el sistema simplificado como vía operativa para presentar su declaración jurada y pagar su Impuesto a las Ganancias, pero sin gozar de la presunción de exactitud ni de la liberación de fiscalizaciones del régimen.

Más allá de la discusión política por los cargos públicos, el dictamen propone aliviar la carga administrativa y tributaria para MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro. Se incorporará de manera permanente una reducción de derecho del 25% en las multas formales para estos contribuyentes.

El proyecto de ley elimina los límites patrimoniales y de ingresos anuales que tenía el régimen en su versión original. Al remover las barreras de ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos, la adhesión quedará abierta para cualquier persona humana, con la única salvedad de los Grandes Contribuyentes Nacionales. Del mismo modo, se fijaron criterios de "discrepancia significativa" para evitar que la ARCA rechace declaraciones de forma discrecional.

El Gobierno sabe que no llegará a ser ley definitiva antes del vencimiento impositivo. Debido a esto, se busca una media sanción rápida en Diputados para habilitar el tratamiento en el Senado.