CTERA convocó a un paro nacional docente y recrudece el conflicto con el Gobierno
Los sindicatos docentes anunciaron la reanudación de sus planes de lucha en agosto, marcando un nuevo capítulo en el conflicto educativo a nivel nacional.
Las medidas comenzarán el próximo lunes 3 de agosto con un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que vaciará las aulas en todo el país. En paralelo, los gremios educativos agrupados en la CGT iniciarán ese mismo día una serie de protestas que, a diferencia de CTERA, no incluirán huelgas ni el cese de actividades.
El principal detonante fue la negativa del Gobierno a convocar la Paritaria Nacional Docente. Esto provocó que el salario mínimo del sector quede estancado en 500 mil pesos desde hace un año. Desde CTERA, liderada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, denuncian un ajuste y desfinanciamiento del sistema, la pérdida del poder adquisitivo y el incumplimiento en el pago del FONID. Además de exigir aumentos salariales urgentes, la confederación demanda una nueva ley de financiamiento educativo, mayor inversión en infraestructura escolar, comedores y becas, y rechaza tanto las eventuales reformas jubilatorias como el proyecto de ley de Libertad Educativa.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por el titular de UDA, Sergio Romero, optó por un plan de acción alternativo que se extenderá durante todo el mes de agosto. Las medidas de fuerza planificadas por estos gremios incluyen el trabajo a reglamento, el dictado de clases informativas para los alumnos sobre la crisis educativa, "semaforazos" y volanteadas en distintas esquinas.
La decisión de los gremios de la CGT de evitar el paro nacional responde al riesgo que implica la reciente Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esta normativa declara a la educación como un servicio esencial y obliga a las instituciones a mantener un mínimo del 75% de sus actividades durante los días de huelga. Desde la central obrera evaluaron que desobedecer esta disposición legal expondría a los maestros y directivos a recibir duras sanciones por parte de las autoridades gubernamentales.