Adorni no podrá salir del país sin autorización por la causa de enriquecimiento ilícito
La Justicia determinó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, no podrá salir del país sin autorización previa. La medida fue dictada por el juez federal Ariel Lijo, quien se encuentra a cargo de la causa que investiga al exfuncionario por enriquecimiento ilícito.
La restricción fue impuesta a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió que el ex jefe de Gabinete notifique cualquier salida al exterior para que las autoridades evalúen la "pertinencia y razonabilidad" de cada viaje. Si bien el fiscal descartó que exista un peligro de fuga, consideró necesaria esta medida de control. Además, el abogado de Adonri, Matías Ledesma, aseguró que su cliente está en el país y no planea cruzar las fronteras en el corto plazo.
Esta disposición alcanza de manera exclusiva a Adorni y no a su esposa, Bettina Angeletti, quien también se encuentra bajo investigación.
En paralelo a esta decisión restrictiva, los tribunales de Comodoro Py desestimaron el pedido de detención contra Adorni que habían impulsado los denunciantes del caso, el abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano. Para rechazar este planteo, la Justicia argumentó que el exfuncionario no cuenta con antecedentes penales, posee un lugar de residencia habitual, su núcleo familiar en el país y bienes, lo que disipa el riesgo de fuga. Además, el fiscal consideró que Adorni no obstaculizó el proceso ni afectó el trámite de la causa a pesar de haber mantenido conversaciones previas con testigos de la investigación.
La pesquisa sobre el patrimonio del exfuncionario se centra en erogaciones millonarias presuntamente no justificadas con sus ingresos formales. Uno de los testimonios más comprometedores provino de Matías Tabar, el contratista encargado de remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, donde el investigado habría gastado al menos 245.000 dólares para modernizarla y equiparla. A esto se suma la declaración de tres empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, quienes reconocieron haberle prestado sus nombres o tarjetas de crédito a Adorni para realizar compras millonarias sin dejar rastros.
De cara a las próximas semanas, el fiscal Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial basado en un exhaustivo informe contable de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). Funcionará como la primera oportunidad formal para que el ex jefe de ministros demuestre el origen legal de su fortuna, tras haber afirmado que poseía 500.000 dólares "en negro" producto de inversiones en criptomonedas.