Milei avanza con una reforma para limitar el poder del Banco Central

El gobierno de Javier Milei trabaja en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que buscará limitar por ley los mecanismos mediante los cuales la entidad puede asistir financieramente al Tesoro Nacional. La iniciativa, que todavía no tiene un borrador definitivo, es considerada por el oficialismo como una de las principales reformas económicas de la próxima etapa.

Desde el equipo económico aseguran que el objetivo es impedir que el Banco Central vuelva a financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria. "Es la fase final de la pulverización de la inflación porque no va a dar margen alguno para que el Central financie al Tesoro. Nunca más", afirmaron fuentes del Gobierno.

Entre los cambios que analiza la Casa Rosada figura la eliminación o fuerte restricción de los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades y las compras de deuda pública que puedan utilizarse para asistir al Tesoro. La intención es separar las funciones del Banco Central de las necesidades de financiamiento del Estado.

El Ejecutivo también estudia modificar los objetivos establecidos en la Carta Orgánica para que la prioridad de la entidad sea la estabilidad monetaria y financiera, dejando de lado otras finalidades incorporadas en la reforma de 2012. Además, se evalúan cambios para reforzar la independencia del directorio y reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre la institución.

Otro de los puntos en discusión es cómo compatibilizar una política monetaria más estricta con la necesidad de acumular reservas internacionales. En ese sentido, el Gobierno toma como referencia el funcionamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, que opera con títulos públicos para administrar la liquidez, pero sin financiar de manera directa al Tesoro.

La reforma todavía no tiene fecha de envío al Congreso, aunque ya comenzó a ser analizada por el Ministerio de Economía, la Secretaría de Desregulación y el Banco Central. El Gobierno considera que estos cambios serán clave para consolidar el proceso de desaceleración de la inflación y establecer reglas permanentes que impidan el financiamiento monetario del gasto público.