El Gobierno insiste con una nueva Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno ratificó su intención de volver a discutir el esquema de financiamiento de las universidades públicas, incluso si prospera el acuerdo que negocia con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para recomponer salarios y reforzar partidas presupuestarias. La estrategia oficial apunta a incorporar el debate en el tratamiento del Presupuesto 2027, tal como intentó hacerlo durante la discusión de las asignaciones para 2026.

En la Casa Rosada sostienen que el conflicto aún tiene un frente judicial abierto. Las universidades mantienen la demanda presentada ante la Corte Suprema para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras que el Ejecutivo insiste en cuestionar la norma por considerar que no establece una fuente específica de financiamiento. Si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, la administración de Javier Milei quedará obligada a cumplir con esa legislación.

En paralelo, el CIN y el Gobierno buscan avanzar en un entendimiento que podría firmarse en las próximas horas. Según trascendió, la propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33%, con aumentos escalonados entre junio y octubre, además de mecanismos para actualizar los haberes frente a la inflación y recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

El acuerdo también incluiría una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Además, prevé retomar las negociaciones paritarias con docentes y no docentes cada tres meses, uno de los principales reclamos de los gremios del sector.

Desde el Ejecutivo remarcan que el entendimiento económico no modifica su postura respecto de la ley aprobada por el Congreso. El oficialismo considera que cualquier esquema de financiamiento debe discutirse dentro del Presupuesto nacional para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas y sostener la meta de superávit fiscal impulsada por la gestión de Milei.

La discusión se da en medio de un reciente ajuste presupuestario que incluyó recortes cercanos a $2,5 billones en distintas áreas del Estado, entre ellas educación y universidades. En el Gobierno aseguran que el costo de aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario sería similar, por lo que buscan encuadrar cualquier incremento de recursos dentro del debate presupuestario general.