Recrudece el ajuste en Educación en la antesala a la Marcha Federal Universitaria
A horas de una nueva Marcha federal universitaria, el gobierno de Javier Milei profundizó al ajuste sobre el Estado y avanzó en nuevos recortes de gastos por el 2% de capital y el 20% en las erogaciones generales.
El nuevo sablazo al Presupuesto afecta particularmente a la Educación y da la pauta del lugar que el gobierno libertario le da al acceso a la formación tanto básica como superior.
Así quedó plasmado en la Decisión Administrativa 20/2026 publicada el lunes en el Boletín Oficial con las firmas del cuestionado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo.
Allí, Milei, Adorni y Caputo le quitaron otros $78.768 millones a la Secretaría de Educación. Para ello avanzó en el recorte no solo de programas vigentes, sino que también bloquea el envío de fondos destinados a proyectos de infraestructura en las universidades nacionales.
Según los registros detallados en la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el recorte más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, el cual sufrió una baja de $35.288.051.713. Esta disminución presupuestaria afectó de manera fundamental las transferencias de fondos hacia las provincias para la ejecución del programa.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente de $8.929.835.294 el cual funcionaba como el instrumento encargado de nivelar los sueldos mínimos de los maestros en todo el territorio argentino.
El área de infraestructura escolar y equipamiento sufrió un recorte de $21.686.636.818, lo que limita la inversión en las condiciones edilicias de los establecimientos. A su vez, el programa destinado a Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió $6.649.536.538 de su presupuesto, una cifra que incluye la quita de más de $559 millones destinados específicamente a becas para los estudiantes.
Según detalla el anexo oficial, el Gobierno nacional aplicó también una poda de $5.303 millones que afecta directamente los proyectos edilicios de 13 universidades nacionales. El impacto más fuerte de esta reducción en infraestructura del conocimiento se localiza en la Universidad Nacional de La Plata, con una pérdida de $1.043 millones.
El ajuste continúa con las universidades nacionales de General San Martín y Avellaneda, ambas con una quita de $700 millones, además de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que pierde más de $680 millones y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una reducción de $540 millones en sus partidas.