Embargos en puerta: un fondo busca cobrar USD 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas
El conflicto judicial por la estatización de Aerolíneas Argentinas volvió a tomar impulso en el exterior. El fondo Titan Consortium inició nuevas acciones en Estados Unidos con el objetivo de hacer efectivo un laudo arbitral por más de 390 millones de dólares, en el marco de una disputa que se remonta a la reestatización de la compañía en 2008.
La estrategia del consorcio apunta a localizar y embargar activos argentinos bajo jurisdicción estadounidense. La maniobra busca garantizar el cobro de la indemnización fijada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), luego de que el país no haya realizado pagos en los últimos meses.
Uno de los puntos centrales del reclamo se enfoca en los colaterales vinculados a los Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Según explicó el analista Sebastián Maril, “Titan buscaría establecer prioridad sobre el colateral de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, aun después del reciente acuerdo de Argentina con Attestor y Bainbridge”.
El origen del litigio se vincula con la decisión del Estado argentino de recuperar el control de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la empresa estaba en manos del grupo español Marsans. Ese proceso derivó en una serie de demandas internacionales que aún continúan abiertas.
Con el paso de los años, los derechos sobre el reclamo cambiaron de manos. Tras el fallo del Ciadi, el grupo Marsans transfirió el caso a Burford Capital, que luego lo cedió a Titan Consortium, actual impulsor de la ejecución judicial en territorio estadounidense.
Mientras tanto, el escenario sigue siendo incierto para el Estado argentino, que enfrenta múltiples litigios similares en el exterior. En paralelo, Aerolíneas Argentinas logró mejorar sus números en los últimos años, lo que reabre el debate sobre su futuro, en un contexto donde el Gobierno analiza posibles cambios en su esquema de gestión.