Atentado a la AMIA: piden procesar a diez imputados y ordenar la captura de un alto funcionario iraní
La investigación por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina sumó un nuevo capítulo judicial. El titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, pidió el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en la planificación y ejecución del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
En paralelo, el fiscal solicitó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, a quien imputó y declaró en rebeldía. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el funcionario, considerado un estrecho colaborador del fallecido líder supremo Alí Khamenei, habría tenido un rol determinante en la coordinación del atentado tras la aprobación del plan por parte de la cúpula del régimen iraní.
El dictamen, de más de 200 páginas, sostiene que la decisión de perpetrar el ataque se tomó en el ámbito del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en 1993. Entre los acusados figuran ex ministros, ex diplomáticos y antiguos jefes de la Guardia Revolucionaria, varios de ellos con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006 y actualmente prófugos de la Justicia argentina.
La acusación también alcanza a integrantes de Hezbolá, señalados como responsables de la ejecución material del atentado. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización libanesa aportó la estructura operativa para concretar el ataque, incluyendo el ingreso clandestino al país, la logística local y la posterior huida de los involucrados.
Basso atribuyó a los imputados los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso, lesiones y daños, además de pertenencia o colaboración con una organización armada. En su presentación, afirmó que las directivas, el financiamiento y la cobertura política provinieron desde Teherán, mientras que el brazo operativo actuó en territorio argentino.
La solicitud ya fue remitida al Juzgado Federal N° 6, a cargo del juez Daniel Rafecas, quien deberá resolver si hace lugar a los procesamientos y a las medidas de captura. De confirmarse, el expediente avanzará hacia la instancia de juicio en ausencia, en medio de cuestionamientos planteados por la defensa sobre la constitucionalidad de ese procedimiento.