El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años
La Cámara alta sancionó este jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina. El proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados, quedó definitivamente aprobado tras reunir 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Ahora deberá ser reglamentado y publicado en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia.
El eje central de la norma es la creación de un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados, órganos especializados y reglas propias. El texto incorpora principios como la excepcionalidad de la prisión, la proporcionalidad de las sanciones y la prioridad de la reinserción social, además de establecer que los menores no podrán compartir espacios judiciales ni penitenciarios con adultos.
Desde el oficialismo defendieron la reforma como un cambio de paradigma en materia de seguridad. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, sostuvo Patricia Bullrich durante el debate. Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
En el cierre, afirmó: “Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.
La oposición peronista rechazó la iniciativa desde el inicio del tratamiento. Además de advertir que el enfoque es predominantemente punitivo, cuestionó los recursos asignados para su implementación. El proyecto prevé una partida de $23.700 millones para las provincias, cifra que, según señalaron, resultaría insuficiente para la infraestructura necesaria. Jorge Capitanich planteó: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
En la misma línea, otros senadores del PJ pusieron el foco en posibles conflictos constitucionales. Gerardo Zamora sostuvo que varios artículos podrían derivar en una mayor “litigiosidad” y anticipó el voto negativo de su bloque. Martín Soria, por su parte, fue aún más crítico: “a pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
La nueva legislación también amplía los derechos de las víctimas, a quienes reconoce participación en audiencias, asistencia jurídica y psicológica, y la posibilidad de intervenir en instancias restaurativas. En cuanto a las sanciones, establece un esquema gradual que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y restricciones de circulación, reservando la privación de libertad para delitos graves y bajo límites estrictos de tiempo, con supervisión judicial especializada en la etapa de ejecución.