Desbarataron un plan para asesinar a un ministro, un juez y un fiscal desde una cárcel de Entre Ríos

Un impactante complot para asesinar al ministro de Seguridad de Entre Ríos, a un juez y a un fiscal fue frustrado tras la declaración de un interno que alertó a la Justicia. La maniobra habría sido organizada por un presunto capo narco alojado en la Unidad Penal 9 de Diamante, quien planeaba contratar a un sicario extranjero para ejecutar los crímenes. 

Según publicó El Argentino de Gualeguaychú y confirmaron fuentes a Infobae, entre los objetivos figuraban el fiscal Ignacio Candioti, el juez Leandro Ríos y el ministro Néstor Roncaglia. El señalado como autor intelectual sería Leonardo Airaldi, de 44 años, oriundo de Mar del Plata y con vínculos en Diamante, donde llegó a presidir la Sociedad Rural local. Actualmente enfrenta dos procesos por narcotráfico: uno iniciado en Paraná en 2019, que involucra a una organización integrada por catorce personas, y otro en Santa Fe en 2022, tras el secuestro de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto.

De acuerdo al testimonio del recluso que actuó como informante, el narco habría contratado a un sicario uruguayo por USD 40.000 para concretar un doble homicidio en Punta del Este, aprovechando un viaje de las víctimas a ese balneario. El atentado contra Roncaglia, en cambio, iba a perpetrarse en territorio argentino cuando se desplazara en moto hacia una quinta cercana a Paraná, con un pago aún mayor por la complejidad operativa. El plan contemplaba la utilización de dos vehículos: en uno se trasladarían los atacantes y en otro llevarían un recipiente con cal para hacer desaparecer el cuerpo, un detalle que evidenció la gravedad del esquema criminal.

La denuncia fue presentada ante el fiscal federal Pedro Rebollo, quien solicitó al juez Hernán Viri la orden de allanamiento correspondiente. El operativo se realizó el viernes 20 por el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional Argentina, con apoyo de la Policía y el Servicio Penitenciario provincial. Durante la requisa se incautaron teléfonos celulares, anotaciones, cocaína y diversa documentación relevante para la causa.

Tras conocerse la existencia del plan, se dispuso un esquema especial de custodia para los funcionarios y sus familias. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Gualeguaychú, mientras se profundizan las pericias sobre el material secuestrado. La revelación del complot generó conmoción en el ámbito político y judicial entrerriano, y puso en evidencia el poder de organización que algunos detenidos mantienen incluso desde prisión.