El Gobierno asegura que no aceptará cambios en la reforma laboral, pese a las críticas
El Gobierno nacional ratificó que no aceptará modificaciones al texto de la reforma laboral aprobado en el Senado, pese a las críticas surgidas por el capítulo que regula las licencias por enfermedad. Desde la Casa Rosada endurecieron la postura frente a bloques aliados y remarcaron que la prioridad es que la iniciativa quede sancionada antes del cierre de las sesiones extraordinarias, previsto para el 1 de marzo.
Según TN, en Balcarce 50 sostienen que el objetivo central es evitar que el proyecto regrese a la Cámara alta y pueda promulgarse sin más demoras. La conducción política del oficialismo aceleró el cronograma legislativo y trabaja en la convocatoria a un plenario de comisiones en Diputados. El artículo en discusión cobró mayor relevancia pública luego de declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ejemplificó el alcance de la norma al mencionar lesiones derivadas de actividades voluntarias como jugar al fútbol. En el oficialismo reconocen que sus palabras generaron incomodidad interna y admiten que “nadie se hizo cargo” del impulso original del apartado.
A pesar de las tensiones, en el Ejecutivo unificaron criterio: no habrá cambios en el capítulo cuestionado. Argumentan que la reforma no elimina el derecho a la licencia por enfermedad, sino que redefine porcentajes salariales y establece límites temporales. Según explican, “la normativa actual permitió abusos en la utilización de licencias”. El texto aprobado dispone que el trabajador cobrará el 50% del salario si la afección deriva de una actividad voluntaria y riesgosa, y el 75% si no encuadra en esa categoría.
La iniciativa fija además nuevos plazos: hasta tres meses de licencia paga para empleados sin cargas de familia y hasta seis meses para quienes las tengan. Se elimina así el esquema vigente que contemplaba el 100% del sueldo y extensiones de hasta un año para trabajadores con más de cinco años de antigüedad. También se incorporan requisitos formales, como la presentación de certificados médicos digitales firmados por profesionales habilitados y la posibilidad de controles médicos por parte del empleador, además de la intervención de juntas médicas oficiales en casos específicos.
El capítulo generó resistencia en sectores dialoguistas, que evalúan impulsar modificaciones cuando se trate en Diputados. Legisladores aliados advierten que la reducción de haberes podría impactar en enfermedades graves y anticipan un aumento de la judicialización. Sin embargo, el oficialismo mantiene su postura inflexible y apuesta a conseguir los votos necesarios para convertir la reforma laboral en ley antes del cierre del período extraordinario.